Sede del PP en la calle Génova de Madrid

El juez avisa al PP: O paga 1,2 millones o será embargado por el caso de la «caja B»

De la Mata ya declaró la responsabilidad civil subsidiaria del partido si Bárcenas y Lapuerta no pagaban

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El Partido Popular ha tenido que comparecer este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien le ha comunicado que tiene diez días para abonar 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario en el caso de la «caja B» de esta formación, según informaron fuentes jurídicas.

Se trata del dinero que tenían que haber abonado los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, el exgerente del PP Cristóbal Páez y la empresa Unifica, de Gonzalo Urquijo, encargado de las obras de la sede central en Génova. En un auto del pasado 20 de mayo que ha trascendido esta mañana, el instructor señala que dado que los acusados no llegan a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas (con motivo de su «solvencia parcial»), el PP tiene que hacerse cargo de esta cantidad.

El magistrado ya fijó esta fianza civil en mayo del pasado año. Lo hizo en el auto en el que procesó a los extesorero por delitos fiscales, por no liquidar el Impuesto de Sociedades de la formación conservadora en 2007. El partido tenía que haber abonado una cuota de 220.167 euros, que se deriva de unos ingresos por donativos irregulares de 1,05 millones de euros.

El resto de la fianza corresponde al millón de euros que el PP ayudó a defraudar a Hacienda en 2008 a la empresa de arquitectura Unifica, dirigida por Gonzalo Urquijo, al abonar con dinero negro las obras de reforma de su sede de la calle Génova.

El PP alegó en su momento la conocida como «doctrina Botín» para evitar ser juzgado como responsable civil subsidiario por la contabilidad B, pero la Sala Penal rechazó su recurso.

La defensa del partido argumentaba que las acusaciones populares no pueden –no tienen legitimación activa- para exigir la devolución del dinero de un supuesto delito fiscal cuando «el supuesto perjudicado», en este caso la Fiscalía y la Agencia Tributaria, han renunciado a ello. Además, el PP defendía que no existe ni siquiera el delito fiscal por el que tendría que responder, pues las donaciones a los partidos políticos, incluso irregulares u opacas, están exentas de tributación, señalaba.