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El juez archiva dos de las cinco piezas del caso Villarejo

Carpetazo a las investigaciones relativas a un encargo hecho por un bufete de abogados y otro informe para unos promotores

ABC

El juez del caso Tándem, Diego de Egea , ha archivado dos de las cinco piezas de la causa, las relativas a un encargo hecho por un bufete de abogados al excomisario José Villarejo , llamada «Iron», y sobre otro informe que hizo para la familia promotora de la lujosa urbanización madrileña de La Finca, conocida como «Land», según han informado fuentes jurídicas.

En la pieza Iron se investiga en encargo del bufete Herrero y Asociados hecho a Villarejo para investigar a un despacho rival y cuenta con unas cuatro personas investigadas, mientras que Land versa sobre la participación de Villarejo en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de La Finca, y cuenta con unos tres investigados.

En el auto respecto a la pieza «Iron», el juez explica que los investigados se encontraban en graves problemas económicos ante la situación que se originó en mayo de 2012 con la marcha de profesionales y la coincidencia con la formación de otro despacho, creado por las personas que se habían ido y dedicado a la misma actividad. Ante esta situación, que les provocó la pérdida de muchos clientes, Carpintero, Medina, Martínez y Moreno decidieron acudir a los servicios de Villarejo y Rafael Redonco como detectives privados, sin conocer según el magistrado su condición de agentes.

Los afectados sospechaban que las personas que abandonaron Herrero y Asociados se habían apropiado de la información que constaba en la base de datos del despacho, especialmente la relativa a los clientes, que intentaban y lograron captar, iniciándose un grave conflicto interno entre los socios. Según De Egea, Villarejo y su socio Redondo no les comunicaron cómo se llevaría cabo la ejecución del proyecto, cuales iban a ser las técnicas de investigación sobre la mercantil ni el formato en el que el sería entregado el trabajo, denominado «Proyecto Iron».

Destaca el juez que los cuatro miembros del despacho desconocían la condición de agentes de Policía o funcionario público del investigado José Manuel Villarejo, así como el tipo de investigación que el Grupo Cenyt iba a llevar a cabo, “desconociendo igualmente el formato de los informes y la utilización de las técnicas de investigación que iban a ser utilizadas sobre la mercantil Balder IP Law”. Dicha información, continúa el texto, tenía como objeto la comprobación de una posible competencia desleal, con la única finalidad de poder obtener datos para iniciar una denuncia judicial.

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