El juez archiva la causa en la que se investigaban varias adjudicaciones «a dedo» de MÉS en Baleares

Hasta ahora se encontraban imputados en este caso el propio Garau y cuatro ex altos cargos de la formación ecosoberanista MÉS. En concreto, la exconsejera de Transparencia y Cultura del Govern, Ruth Mateu; el exdirector del Instituto de Estudios Baleáricos, Josep Ramón Cerdà; el ex director general de Cultura, Jaume Gomila, y el exgerente de la Agencia de Turismo de las Islas Baleares, Pere Muñoz. La Fiscalía Anticorrupción les había atribuido en su momento los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El juez considera ahora en su resolución que «no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa» . La decisión tomada por el magistrado puede ser recurrida, a través de un recurso de apelación, en un plazo de cinco días.

Los orígenes del caso Contratos cabe situarlos en abril de 2017. En esas fechas, el Ministerio Público abrió diligencias informativas en relación a dicha causa por seis contratos «a dedo» otorgados a Garau en el primer tramo de la presente legislatura autonómica. De esos seis contratos, cinco habían sido suscritos con el Gobierno balear y uno con el Ayuntamiento de Palma. El montante total de dichas adjudicaciones ascendió a 154.360 euros .

Las adjudicaciones a través de contratos menores o de procedimientos negociados, coloquialmente denominadas «a dedo», son legales, pero en estos últimos años se están cuestionando cada vez más porque pueden encubrir presuntos favoritismos en beneficio de empresas concretas o en algunos casos incluso actuaciones supuestamente delictivas. En ese contexto, se sospechaba inicialmente que en el caso Contratos se podría haber producido una presunta fragmentación irregular de contratos para soslayar la convocatoria de un concurso y favorecer así a una de las empresas del antiguo estratega electoral de MÉS por Mallorca .

Más allá de las hipotéticas responsabilidades penales que se podían llegar a derivar o no de este caso, las consecuencias políticas empezaron a evidenciarse hace ya dos años. Así, el 31 de marzo de 2017 la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol , forzó la dimisión de la citada Ruth Mateu como consejera autonómica. El cese de Mateu —integrante de MÉS por Menorca— no fue bien recibido por los ecosoberanistas menorquines, que ese mismo día anunciaron su salida del Govern. De ese modo, expresaron su malestar con sus compañeros de MÉS por Mallorca y con el PSOE, al considerar que, de manera injusta, ambas formaciones habrían hecho recaer sobre Mateu toda la responsabilidad sobre el asunto de las adjudicaciones entonces bajo sospecha.

Por su parte, el entonces vicepresidente del Gobierno balear y consejero de Turismo, el ecosoberanista Biel Barceló , se vio obligado a comparecer en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento balear el 12 de abril de 2017, para dar explicaciones sobre esta cuestión. Barceló reconoció entonces que fue un «error político» que altos cargos de su departamento hubieran adjudicado dos contratos sin concurso público a Garau. En dicha fecha compareció igualmente el consejero de Medio Ambiente, Vicenç Vidal , también integrante de MÉS por Mallorca. Vidal defendió en la citada comisión la legalidad de un contrato menor otorgado por su departamento a Garau.

Las explicaciones ofrecidas entonces por Barceló y por Vidal no convencieron ni a Podemos —que presta su apoyo externo al Ejecutivo de Armengol— ni a las formaciones de la oposición, que en esta legislatura son el PP, Cs y Proposta per les Illes . Barceló acabaría dimitiendo como vicepresidente y consejero de Turismo unos meses después, en diciembre de 2017, si bien por otro asunto. Así, Barceló renunció a ambos cargos por las críticas recibidas por un viaje suyo gratis total al Caribe , que había sido sufragado por una empresa privada. En la actualidad, Barceló sigue como diputado autonómico.

En el marco del caso Contratos , la Fiscalía Anticorrupción acabaría presentando una querella contra Garau y contra los mencionados cuatro ex altos cargos de MÉS en octubre de 2017. Con posterioridad, en abril de 2018, todos ellos comparecieron ante el juez Morell en calidad de investigados, figura equivalente a la de imputados. Los cinco negaron haber cometido cualquier posible irregularidad. Casi un año después, el magistrado señala ahora en su auto de archivo de la causa que todos ellos «explicaron de forma coherente el objeto de los diversos contratos y la razón por la que consideraban que no constituían una unidad indivisible ». Según el juez Morell, el resultado de «las numerosas pruebas practicadas» no permite «atisbar o descubrir» la posible responsabilidad de los investigados «en relación con el objeto de la investigación».

Con independencia de la investigación de la Fiscalía en el caso Contratos, el PP presentó en agosto del pasado año una querella que incluía no sólo a los cinco imputados mencionados, sino también al alcalde de Palma, el ecosoberanista de MÉS Antoni Noguera , y al presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, de la formación Gent per Formentera. El PP cuestionaba en su querella el proceder de Noguera y de Ferrer en relación a varias contrataciones, por lo que les consideraba presuntos autores de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude. Ni Noguera ni Ferrer llegarían a ser finalmente imputados en el caso Contratos. En ese contexto, el juez Morell ha denegado en su auto de este lunes las nuevas diligencias solicitadas en su momento por el PP.

Cabe recordar que en febrero de este año el Partido Popular había solicitado que se investigase si el Gobierno balear habría pagado a Garau, por sus informes, unas cantidades que estarían por encima del precio medio de mercado. El juez ha descartado ahora llevar a cabo esas nuevas diligencias, ya que el precio pagado por los informes no es «una cuestión controvertida en el objeto de las actuaciones». Además, «ninguna de las irregularidades presuntamente cometidas tienen relación con el precio de los trabajos o el sobreprecio». Finalmente, como se ha señalado ya, el magistrado ha decidido archivar el caso Contratos de oficio, sin que las acusaciones personadas hubieran pedido previamente el sobreseimiento de esta causa.

Tras conocerse este lunes el archivo del caso Contratos, la actual vicepresidenta del Gobierno balear y consejera de Turismo, la ecosoberanista Bel Busquets , ha señalado que «ha quedado demostrado lo que explicábamos y MÉS por Mallorca ha sido siempre un ejemplo de honestidad». Busquets ha afirmado también que «el marcador de MÉS en corrupción continúa a cero».