Los jueces noquean a Illa por imponer una alarma encubierta en Madrid

Ni en la orden ministerial del pasado 30 de septiembre que Illa forzó a la Comunidad a asumir como propia para clausurar Madrid, ni en el decreto de «nueva normalidad» aprobado por el Gobierno de Sánchez en junio, se contempla la previsión legal que justifique un «cerrojazo» así. Y sin esa herramienta jurídica, la limitación de derechos fundamentales se convierte –sugiere el Tribunal– en una práctica inconstitucional.

En realidad, el auto dictado por el Tribunal madrileño no es más que una revisión a fondo de toda la estrategia del Gobierno central, una censura de su incapacidad para legislar con criterio ante una pandemia , y un reproche a su nula voluntad de clarificar el guirigay interpretativo de las leyes autonómicas. El revés judicial es, en definitiva, una negativa drástica a asumir el estado de alarma encubierto, alternativo o virtual que ha pretendido imponer Illa sin que La Moncloa realmente lo decretase.

Los magistrados recuerdan que «los derechos fundamentales no tienen un contenido esencial absoluto e ilimitado». Incluso, sostienen que es razonable que la limitación de movimientos en una ciudad «entre en colisión con otros derechos» como proteger la salud pública. Por eso pueden verse restringidos aun sin decretar un estado de alarma excepcional. De hecho, un «cerrojazo» puede autorizarse jurídicamente mediante una ley ordinaria, como lo es la orden ministerial de Illa.

No obstante, las reformas legales realizadas por el Gobierno de Sánchez durante la pandemia tienen un punto de improvisación jurídica que convierte ahora en inviable prohibir a los madrileños circular o salir de su ciudad. Sencillamente, en sus reformas legales, el Gobierno «no hizo ninguna mención directa o indirecta a la posible limitación de derechos fundamentales con motivo del ejercicio de las funciones legalmente encomendadas al Consejo Interterritorial de Salud ».

«Y menos aún –añaden los jueces– se establecen en forma alguna los presupuestos materiales de una eventual limitación de derechos fundamentales, inherentes a las más elementales exigencias de certeza y seguridad jurídica». El argumento retumbó ayer en Sanidad , y también en La Moncloa, donde Sánchez dio orden de mantener el pulso a los Tribunales, incluso con la advertencia de que está dispuesto a aprobar por decreto un nuevo periodo de alarma en España . La duda ahora respecto a marzo, abril o mayo es saber si Sánchez contaría hoy, o no, con los votos necesarios para convalidarlo en el Congreso.

Pero más allá de la bofetada judicial a Sanidad, el Tribunal se adentra en la inconsistencia del decreto de «nueva normalidad» de Sánchez porque nunca incluyó, ni siquiera en su exposición de motivos, medidas limitativas de la libertad de circulación. Ese decreto aducía que tras el proceso de desescalada en la última fase del estado de alarma, «la evolución favorable en la contención de la pandemia no eximía a los poderes públicos de su deber de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas». Sin embargo, no hicieron nada, lamentan los magistrados. Más aún, aquel decreto daba por «expiradas» las medidas extraordinarias de contención, «incluidas las limitativas de la libertad de circulación». De aquellos polvos, estos lodos.

Por eso, el Tribunal cuestiona abiertamente que, tras la alarma, Sánchez no llevase al Congreso reformas legales para afianzar normas legales clarificadoras. «Resulta llamativo –añaden los jueces– que ante el escenario sanitario no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia». Más aún, aquel decreto de Sánchez vinculaba «de forma reiterada» la restricción de derechos a la vigencia del estado de alarma. Y no estando ya en vigor, no está justificado vulnerar garantías esenciales de los madrileños.

«Los derechos fundamentales –concluyen– no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley». El auto judicial es en definitiva un retrato de todas las carencias, lagunas e insuficiencias con las que el Gobierno central derivó a las autonomías la gestión de la pandemia. Por tanto, mantener un estado de alarma encubierto sin decretarlo oficialmente con aval parlamentario es abusivo.

El fallo cayó como un jarro de agua helada en el Gobierno de Sánchez, cuya respuesta además no fue unívoca. Desde Argelia, el presidente del Gobierno acusó la decisión con un tono desafiante y retomó la opción de decretar un nuevo estado de alarma. En cambio Illa optó por el apaciguamiento con la Comunidad de Madrid para aclarar las medidas que deberán adoptarse en las próximas horas, y evitar así más caos en el «puente» de El Pilar. De momento, Sanidad no avanzó si recurrirá ante el Tribunal Supremo para intentar suspender cautelarmente el auto de ayer y mantener la imposición de su orden ministerial a toda costa.

En cualquier caso, más de cuatro millones de madrileños están sumidos en la incertidumbre. Hoy, ministerio y comunidad prevén hacer públicas medidas pactadas para que los madrileños sepan a qué atenerse. Pero anoche la confusión era absoluta.