Los jueces se movilizan para apartar a los políticos de la elección de los cargos judiciales

Evitar la «manipulación»

Los promotores del manifiesto quieren impulsar la creación de una «Plataforma por la despolitización y la independencia judicial» que recoja el testigo del movimiento «8 de octubre». Abogan por un Poder Judicial que pueda cumplir de forma «digna» y «libre» con su cometido de vigilar por el cumplimiento de las leyes y que, por el contrario, en la actualidad se ve «cada vez más controlado y manipulado hasta extremos democráticamente intolerables».

El origen de todos los males de la Justicia está, según los firmantes del manifiesto, en la politización de la misma que propició la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno de Felipe González en 1985. Esa reforma «desposeyó» a la carrera de su «originario derecho» a elegir de forma directa a 12 de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombramiento que quedó «transferido» al Parlamento.

El escrito hace después una radiografía de las consecuencias causadas por la modificación de la LOPJ, que ha «impregnado del mismo tinte político» las decisiones del órgano de gobierno de los jueces, en especial las referidas a los nombramientos de los cargos de la cúpula judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional.

Y advierten del siguiente paso que quiere dar el Gobierno, aunque de momento esté en «stand by»: la creación de los consejos autonómicos de justicia, una medida que «incrementará hasta extremos inimaginables la presión política sobre los jueces de cada territorio».

No se salva de las críticas el actual CGPJ, al que los firmantes del manifiesto acusan de haber mantenido un «silencio cómplice, cuando no expresa colaboración», por «la pasiva actitud» mostrada frente a los ataques de los políticos contra aquellos jueces que han resultado incómodos por sus investigaciones a miembros de las administraciones de turno.

El Plan de Modernización

En el manifiesto se expresa también la preocupación de los jueces por el «proceso de administrativización» del ámbito judicial y de «absorción de competencias jurisdiccionales» por órganos que dependen jerárquicamente del Ejecutivo. Se refieren de forma clara a la reforma emprendida en 2003 para la implantación de la nueva oficina judicial. Junto a ello, vuelven a criticar la crónica carencia de medios de la Justicia y la «tímida» respuesta del Gobierno con el Plan de Modernización, así como la difícil situación personal y profesional de los jueces por la excesiva carga de trabajo que soportan, muy por encima de los baremos europeos.

Por ello, la Plataforma se pone como meta siete objetivos: entre ellos, la elección democrática por sufragio directo de todos los órganos de gobierno interno del Poder Judicial; la elaboración de una nueva planta judicial; aumento de la inversión en Justicia del 1 al 3,5% del presupuesto, es decir, al mismo nivel que Europa; y nueva determinación de la carga de trabajo.

Todas las asociaciones judiciales a excepción de Jueces para la Democracia, que no se ha pronunciado, han aplaudido la iniciativa porque coincide con sus objetivos, aunque han recordado a sus promotores que el único «cauce reconocido» para la defensa de los intereses de los jueces frente al Gobierno y el CGPJ son las asociaciones.