Los jueces recuerdan que los agentes fueron condenados por torturar a una persona de origen rumano - abc

Doscientos jueces reprochan al Gobierno el indulto a 4 mossos para eludir la cárcel

En un manifiesto, consideran que es un «fraude» y un «abuso» de la facultad de indulto, que «supone una afrenta al Poder Judicial»

madrid Actualizado:

Doscientos jueces, entre ellos la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles, del sector progresista, han hecho píblico un comunicado con el critican duramente al Gobierno por haber concedido el indulto a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra que fueron condenados por un delito de torturas.

Los magistrados, cuyas firmas figuran al final del documento, acusan al Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuar «contra la dignidad humana», de «menospreciar» a los miembros de las Fuerzas de Seguridad que trabajan diariamente en España «cumpliendo con sus funciones democráticas» y de cometer una «afrenta contra el Poder Judicial».

Los doscientos jueces firmantes (el colectivo lo integran en torno a 5.000) consideran que un indulto como el concedido por el Gobierno a los cuatro mossos «incentiva comportamientos» que deben ser expulsados de la actuación policial. La medida de gracia, explican, implica evitar el cumplimiento de la pena y sólo debe aplicarse en aquellos casos, entre otros de características muy concretas, en que aquella sea desproporcionada.

Los agentes beeneficiados por el Ministerio de Justicia fueron condenados «por hechos gravísimos» y, en febrero de este año, indultados después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia de Barcelona tras estimar sólo algunos de los recursos planteados contra el faallo. El Gobierno concedió el indulto dos veces (la primera para rebajar la pena de prisión y la segunda para conmutarla por otra de multa) con el fin de que los agentes no fueran a la cárcel.

Los jueces reprochan al Ejecutivo que en este caso haya realizado un uso «grosero y desviado de la institución» del indulto, pues la tortura es uno de los peores actos que pueden cometerse «contra la dignidad de la persona».Y concluyen que la actuación del Gobierno ha sido «impropia de un estado de derecho democrático, ilegítima y éticamente inasumible».