Jueces, fiscales y secretarios judiciales critican el «caos» en la digitalización de la Justicia

El objetivo del proyecto de Catalá pasa por modernizar la Justicia eliminando progresivamente el uso del papel, principalmente a la hora de comunicarse entre los agentes intervinientes en el proceso. Sin embargo, las aplicaciones que ya están en marcha, como es el caso de LexNet , están teniendo grandes problemas técnicos. De hecho, el programa LexNet sufrió una grave brecha en su seguridad hace escasos días que forzó la paralización del servicio: un fallo informático permitió que cualquiera con acceso al sistema pudiera ver las carpetas allí alojadas de todos los abogados españoles sin necesidad de permiso o confirmación.

Si el Ministerio buscaba agilizar la tramitación de las causas con la digitalización, desde las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales alertan de que se ha logrado todo lo contrario. Además, denuncian que en lugar de reducirse el uso del papel, éste ha aumentado considerablemente desde el 1 de enero de 2016.

Los jueces mostraron la semana pasada en una reunión con el Ministerio de Justicia su firme rechazo contra el expediente judicial electrónico debido a los problemas técnicos que viene ocasionando y su dificultad de uso, además de por la existencia de nueve sistemas procesales distintos ya que algunas comunidades autónomas tienen transmitida esta competencia .

Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), recalca que existe una «diferencia abismal entre territorios» que provoca la «imposibilidad de conectar» los sistemas de los diferentes territorios. La APM reclama una «mayor coordinación entre administraciones, más comunicación entre sistemas informáticos». Además, señala que la digitalización por medio del expediente electrónico es un «sistema precipitado» que se ha realizado «sin valorar los medios técnicos» con los que se cuenta, propiciando que «no sea eficaz» su utilización para los jueces.

En línea con la APM, la asociación Jueces para la Democracia (JpD), en voz de su portavoz Ignacio González, destaca que son partidarios de la modernización de la Justicia pero que resulta necesario acometer «una fuerte inversión», así como evitar que su implantación se lleve a cabo de forma «atropellada». En consecuencia, González señala que desde JpD «exigimos formación y sistemas uniformados entre comunidades autónomas» .

Desde Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, su presidenta, va incluso más allá al reclamar que «se paralice» el plan del «papel cero» hasta que se resuelvan los problemas, como en el caso de la firma digital de documentos con la que «se tarda tres veces más que con el sistema antiguo » . Por último, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, constata que existen «muchas deficiencias» y «retrasos» en la tramitación del expediente electrónico, aunque reconoce que «el Ministerio está interesado en resolver los problemas» .

Los fiscales, a la par que los jueces, reclaman también soluciones ante los graves problemas técnicos que se han detectado en las aplicaciones informáticas que han de utilizar. Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, rompe una lanza a favor de la implantación de la Fiscalía Digital , aunque con «garantías y eficacia, y que se solventen los problemas técnicos encontrados».

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, en palabras de su portavoz Miguel Pallarés, reclama que «no se está haciendo adecuadamente y de forma coordinada el tema de la digitalización». Recuerda que «estamos a favor de las nuevas tecnologías», aunque reconoce que «el Ministerio está cerrado en banda» en este asunto. El presidente de la asociación Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, se suma a las críticas de sus compañeros de profesión al destacar que «lo lógico es que tan solo hubiera una aplicación y no cuatro» para los fiscales.

En ese frente abierto a Catalá no solo se encuentran jueces y fiscales. Los secretarios judiciales, denominados ahora Letrados de la Administración de Justicia, también claman contra la forma en que se está llevando a término la digitalización de los procesos judiciales. Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, reconoce que «la situación no es la ideal» y que en España estamos «obsoletos» en tecnología. Realiza un llamamiento a «favorecer la coordinación entre comunidades autónomas» y, especialmente, a que el Ministerio «escuche más al usuario, que es el que realmente tiene que utilizar los programas».

Por parte del sindicato de secretarios judiciales, Abigail Fernández, su portavoz, denuncia que «no hay una línea concreta de actuación» en lo que a ellos les concierne. «Es necesaria una mayor coordinación. Se hace difícil trabajar en estas circunstancias. Estamos desfasados tecnológicamente y no hay plazos, un plan de actuación. Estamos desinformados ».

Las quejas de jueces, fiscales y secretarios judiciales son continuas respecto al plan de Catalá, aunque desde el Ministerio reconocen que no son ajenos a los problemas . «Se trata de un proceso de mejora continua en el que se van abordando diferentes retos sucesivamente. Las aplicaciones van incorporando peticiones avaladas por los contactos que se mantienen con todos los colectivos que las utilizan y van dirigidas a mejorar la experiencia del usuario en su puesto de trabajo», relatan desde Justicia.

Defienden a capa y espada la necesidad de incorporar de forma definitiva en todos los juzgados el proyecto del «papel cero». «La implantación de la tecnología en la Administración de Justicia es un proceso complejo derivado de la complejidad de su propia organización. No obstante, la plena incorporación de herramientas y sistemas digitales en Justicia es un reto inaplazable y un objetivo compartido por todos los organismos y actores que desarrollan su actividad en el sector», afirman fuentes del Ministerio.

Hace escasos días ya se reunieron con jueces y secretarios judiciales para tratar de buscar una solución, mientras que en septiembre está prevista la convocatoria de un Consejo Fiscal para que el fiscal general del Estado transmita una posición común a Justicia. Los próximos meses serán claves para determinar el alcance de las quejas de estos colectivos.