Los jueces arremeten contra Grande-Marlaska y lo ven ya «deslegitimado»

Si hasta ayer podía planear sobre Fernando Grande-Marlaska la sombra de la duda sobre las razones por las que destituyó al jefe de la Comandancia de Madrid –siempre ha aludido a la «perdida de confianza» y a una reestructuración en el Cuerpo–, el documento en cuestión es claro: Pérez de los Cobos fue destituido porque se negó a informar del contenido de la investigación judicial del 8-M, un procedimiento en el que sus agentes trabajan en calidad de policía judicial, lo que significa que funcionalmente a quien deben rendir cuentas es únicamente a la juez. Él lo sabe bien porque en el transcurso de algunas de sus investigaciones como instructor en la Audiencia Nacional, especialmente en el caso del chivatazo a ETA del bar Faisán, Grande-Marlaska impuso a los agentes el deber de informarle exclusivamente a él del resultado de sus pesquisas.

En el caso de la causa del 8-M este deber de cautela estaba reforzado por una advertencia explícita de Carmen Rodríguez-Medel a los agentes. No en vano, la investigación afecta al delegado del Gobierno de Madrid y al Ejecutivo le interesa conocer esa información, recordaban ayer fuentes jurídicas. Por ello, cualquier intento de sonsacar datos de este procedimiento al jefe de aquellos agentes (Pérez de los Cobos) suponía incitarle a la comisión de un ilícito penal, al margen de que ni siquiera él tenía por qué estar al tanto del mismo precisamente por ese secreto que debían guardar sus subordinados.

Para la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de afiliados, el ministro ha «perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo ». En un comunicado, la asociación considera «inaceptable» q ue un Estado democrático permita a un ministro de Interior «tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción».

Los jueces ven aun «más reprobable» la actuación de Marlaska por su condición de magistrado y ser, por tanto, «perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales», tal y como recoge la normativa que regula su funcionamiento: «Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así», apunta la asociación.

A juicio de Francisco de Vitoria, el cese de Pérez de los Cobos supone una «flagrante vulneración del principio de separación de poderes», además de reflejar un «intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar», todo ello al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El comunicado de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se hizo esperar, pese a que desde primera hora de la mañana fueron muchos jueces los que pidieron una reacción contundente por parte de la asociación ante lo que consideran un escándalo. La nota llegaría pasadas las ocho de la tarde y se limitaba a señalar que «si se acredita que existió tal intromisión, el sistema judicial dispone de medios legales para depurar responsabilidades». «Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido (...) podría suponer una interferencia en la función judicial susceptible de afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido» . Sin llegar a pedir la dimisión del ministro («desde el respeto a nuestra independencia y a la división de poderes creemos que no nos corresponde como asociación judicial instar ceses o dimisiones»), la APM solicitaba al Consejo General del Poder Judicial que «adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los Jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna».

Por su parte, Foro Judicial Independiente tildó los hechos de «muy graves». «El ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes (... ). Lo acontecido no solo le deja en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial».

Más cauto fue el portavoz de Jueces para la Democracia. Ignacio González señaló que si se demuestra que efectivamente el ministro o la propia Gámez, intentaron acceder al contenido «demostraría una injerencia en un asunto judicial, pero todavía no ha quedado probado».