Los jueces advierten a los concejales de Badalona de que su actitud es un ataque a los tribunales de justicia

En la nota, los jueces muestran su especial consternación por el hecho de que un grupo de concejales con responsabilidades de gobierno rompiera frente a las cámaras una copia de la resolución judicial . Así, recuerdan a los ediles que haber sido elegidos para el cargo no les sitúa por encima de la Ley y que, por el contrario, ésta «es la garantía de su propia libertad y de su presencia en las instituciones, pero, al mismo tiempo, es límite de su representatividad y de su propio poder ejecutivo, como parte del sistema constitucional».

«La falta de respeto a la Ley implica faltar el respeto a uno mismo», consideran los jueces, que representan a miembros de la Carrera de todas las sensibilidades políticas. Añaden que el desprecio público a las resoluciones judiciales «supone un serio ataque a la función de los tribunales de justicia y al papel que estos desempeñan en la convivencia pacífica». Recuerdan asimismo que el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a «un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes , que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley».

Para tutelar de forma efectiva las libertades y los derechos ciudadanos, advierten las asociaciaciones de jueces, «es imprescindible el cumplimiento por todos y todas de las resoluciones judiciales ». Los jueces recuerdan también que deben ser neutrales en el debate político para tutelar los derechos de las partes en un litigio, «pero ese debate ha de hacerse con respeto al marco legal», ya que ellos no pueden dejar de aplicar las leyes «democráticamente promulgadas».

Un juzgado de Badalona ya investiga los hechos después de que seis concejales del Gobierno municipal acudieran a trabajar y, a las puertas del Consistorio, el concejal Josep Téllez rompiera la orden judicial en señal de protesta. En el auto en el que decretó la suspensión de la apertura del Consistorio, el juzgado contencioso defendió que la fijación por Ley de un día de festividad nacional --también las autonómicas y locales-- «obedece a razones sociales y culturales, que reflejan un interés general, social o colectivo en su celebración» que podría verse perjudicado con la decisión del Ayuntamiento. Además, sostenía que la apertura podía vulnerar la libertad de los trabajadores públicos del Ayuntamiento, ya que considera «evidente» que la decisión del Consistorio obedece a un planteamiento ideológico que, aunque sea lícito, puede resultar contrario a la libertad ideológica de los empleados.