Jueces, abogados y procuradores cargan contra el decreto de Justicia

La Asociación Jueces Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente firmaron este miércoles un comunicado crítico en el que vienen a denunciar que las medidas que contempla ese decreto, como habilitar más de la mitad del mes de agosto, son «cosméticas» y no impedirán el colapso de la justicia cuando se reanude la normalidad.

Señalan la «falta de medidas concretas y reales», en línea con la posición de la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha remitido una carta directamente al ministro para denunciar que más allá de rumores y noticias en prensa, «nada» saben «sobre los posibles planes, si es que existen , para recuperar el funcionamiento normal de la Administración de Justicia».

«Somos conscientes de la dificultad para prever la evolución de los acontecimientos, pero ello no justifica la pasividad ni el oscurantismo» , afirman. En este sentido, recuerdan en su carta a Juan Carlos Campo que las asociaciones de jueces no han sido convocadas a ninguna reunión «ni informadas sobre calendario alguno por el Ministerio de Justicia y tampoco por el Consejo General del Poder Judicial», lo que abunda en su malestar.

Exigen al ministro que informe «de inmediato» sobre sus planes porque el desconocimiento, dicen, es total. «No sabemos, ni siquiera por aproximación, cuando se alzará la suspensión de los plazos y si se podrán celebrar aquellas actuaciones procesales que ya están señaladas (...) Ignoramos cómo se va a producir la reincorporación del personal al servicio de la Administración de Justicia (...) o si van existir los equipos de protección individual indispensables para garantizar la seguridad en caso de optar por el trabajo presencial», plantean.

Esta es una preocupación colectiva. En Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria inciden en que no han recibido « instrucciones más claras respecto al efectivo suministro de medios materiales que garanticen la salud de todos en las sedes judiciales» más allá de lo que esboza el decreto. Tampoco directrices sobre la reincorporación de las plantillas.

«Observamos con preocupación que se está desplazando a las Salas de Gobierno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia la labor de liderar de facto la organización de la Justicia, cuando lo cierto es que los miembros de dichos órganos carecen de la información y recursos necesarios para asumir dicha labor de liderazgo», añaden.

Entre los abogados, la acogida no es mejor. Ya el Consejo General de la Abogacía Española publicó un comunicado tras la aprobación del Real Decreto en el que rechazaban la habilitación del mes de agosto como medida para resolver el previsible colapso de la Administración de Justicia. En su opinión, «lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer, sin duda, una mayor distorsión» y tendrá en la práctica «un efecto contraproducente».

Este martes, el Colegio de Abogados de Madrid aprobó una resolución de nuevo condenando esta medida «adoptada sin el consenso del grupo más numeroso de los que conforman los operadores jurídicos y con grave perjuicio para los profesionales de la abogacía y sus familias».

Además de pedir por escrito al ministro de Justicia que modifique esta previsión, han acordado encomendar a sus servicios jurídicos «la emisión de un dictamen jurídico sobre la eventual inconstitucionalidad de la norma y su incidencia en los derechos de los abogados y abogadas» y remitir al Defensor del Pueblo una petición para que promueva un recurso de inconstitucionalidad que inste su suspensión cautelar.

No son los únicos. El Colegio de Abogados de Las Palmas ha acordado instar asimismo al Defensor del Pueblo que recurra la inconstitucionalidad del decreto, al tiempo que han declarado oficialmente a Juan Carlos Campo «persona non grata» por proponer su aprobación «en términos que suponen un grave quebranto de los Derechos de la Abogacía al descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas».

El Colegio de Abogados de Málaga también ha emitido una resolución condenando esta iniciativa en la que instan al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) y al Consejo General de la Abogacía Española a que convoquen una huelga desde el 11 al 31 de agosto.

Asimismo, elevarán petición al Consejo para que en caso de que Justicia no rectifique, suspenda la firma ACA -que es habilitante- a todos los abogados en ese plazo del mes de agosto «en señal de protesta por no contar con la Abogacía para la aprobación de las medidas que resultan ineficaces».

El Consejo General de la Procura también se ha sumado a las críticas, porque les parece «inadecuado e inoperante suspender la inhabilidad de los días 11 al 31 de agosto», tal y como, explican, han venido «manifestando repetidamente al Ministerio de Justicia».

«Salvo procuradores, abogados y graduados sociales (obligados a disfrutar sus vacaciones en el mes de agosto por su inhabilidad) la flexibilidad para disfrutar el periodo vacacional del colectivo judicial dependiente de la Administración Pública tiene como consecuencia que todos los años la actividad judicial se resienta durante cuatro o cinco meses» , exponen los procuradores.

Entienden que si a consecuencia del decreto esta situación se mantiene, « a los cuatro o cinco meses de descenso de actividad habrá que sumarle los tres meses de paralización absoluta como consecuencia del estado de alarma» es decir, que en lugar de contribuir a agilizar el sistema, se va a conseguir «el efecto totalmente contrario».

Por otra parte, la Asociación de Fiscales remitió este martes una carta a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, pidiéndole que dicte instrucciones para traducir en una directriz común a toda la carrera, las conclusiones del informe elaborado por su Secretaría Técnica que interpretan el Real Decreto de Justicia.

Según ese informe, todos los plazos procesales pondrán el contador a cero cuando se levante el estado de alarma , incluidos los plazos de instrucción. Esto implica, según su interpretación, que si la ley concede 18 meses para investigar una causa compleja, este periodo vuelva a empezar cuando se retome la normalidad, sin tener en cuenta el tiempo que se haya consumido antes.

En su misiva, la Asociación de Fiscales pide a Delgado que dicte esta interpretación «a través de los instrumentos legalmente establecidos, señaladamente Circulares e Instrucciones, para marcar las directrices generales a todos los que integran la Carrera Fiscal y con el fin de preservar el principio de unidad de actuación» y amparar de paso a los fiscales «ante eventuales acciones legales que puedan generarse como consecuencia de un criterio» que consideran «cuando menos, discutible jurídicamente».