Joaquim Bosch: «Es inadmisible que un juez que ha sido político dicte sentencias que afecten a un partido»

¿Por qué 'La patria en la cartera'?

El título intenta jugar con la idea de que es muy frecuente en bastantes corruptos que, antes de descubrirse sus fechorías, hayan invocado que son grandes servidores de la patria. Es la contradicción entre ese discurso de servicio a la sociedad y el aprovechamiento con el dinero de la ciudadanía.

Fondos reservados, Filesa, Roldán, Gürtel, ERE, Nóos... Son muchos los casos de corrupción que usted repasa en su libro. ¿Hemos aprendido algo de estas condenas?

Que debemos rechazar rotundamente la corrupción porque perjudica nuestra calidad de vida, por el recorte que se produce en el dinero de todos, y por el propio perjuicio que genera a las instituciones. Esto es un gran adelanto. Ahora falta poner en marcha las medidas para reducirla a niveles mínimos.

¿Qué cambió en la sociedad española para que pasara de tener cierta tolerancia con estas prácticas a no dejar pasar ni una?

Ha habido dos factores importantes: en primer lugar, los medios de comunicación, que progresivamente, según iba avanzando la democracia, empezaron a investigar en profundidad la corrupción e incluso a llegar a espacios donde las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial, por falta de recursos, no eran capaces de llegar. Por otro lado la corrupción fue relativamente tolerada por la sociedad mientras la situación económica era positiva. En el momento en que empeoró, sobre todo a partir de 2007, la crisis empezó a canalizar la indignación de la ciudadanía.

Dice usted que gracias a un Poder Judicial independiente se empezaron a perseguir conductas delictivas. ¿Por qué ese afán en intentar ahora que no lo sea?

En líneas generales los principales partidos políticos democráticos han tenido una concepción sobre la justicia cercana a la del franquismo, en la que la judicatura no era un poder del Estado propiamente dicho, sino que estaba al servicio del Poder Ejecutivo. Tras la Transición, en algunos partidos se mantuvo esa idea de que no era bueno que hubiera un sistema sólido de contrapesos y controles. Esa es la realidad que tenemos ahora y estas batallas políticas por el control de la cúpula judicial explican todas las situaciones de bloqueo y conflictos relativas al Consejo General del Poder Judicial.

¿Qué opina de los continuos ataques de Podemos a los jueces? ¿Cree que es una forma de minar su credibilidad?

No creo que ningún partido político se haya distinguido especialmente más que otro en atacar al Poder Judicial. Yo he visto ataques muy duros del PP a jueces que intervinieron en el caso Gürtel, a Alaya en el caso ERE, las durísimas presiones al juez Marino Barbero en Filesa ... El problema no está en partidos concretos, sino en la configuración política partidista de nuestro país. Falta una apuesta clara por un respeto taxativo a la independencia del Poder Judicial y una aportación de medios suficientes para que el sistema de separación de poderes funcione.

Sin embargo, ha sido en el último año y medio cuando el CGPJ ha tenido que reaccionar hasta en tres ocasiones ante los ataques de Podemos, el último por llamar prevaricadores a los jueces del Supremo.

No me parece que el CGPJ sea un buen termómetro para medir cómo deben ser las reacciones a este problema, porque es un órgano extremadamente politizado, no representa una visión de lo que piensa la judicatura. Mi opinión como juez es que los cargos políticos deberían expresarse siempre con la máxima prudencia.

El reparto de sillones por parte de los políticos en el CGPJ no ayuda. ¿Por qué esa resistencia a cumplir con lo que dice Europa?

Ese tipo de configuración institucional es negativa para perseguir la corrupción, porque el CGPJ debe defender la independencia judicial y actuar con neutralidad institucional y, sin embargo, funciona como una correa de transmisión de los principales partidos. Hay que seguir las directrices que marca el Consejo de Europa y dejar que los jueces elijan a los jueces.

En su libro habla también de las puertas giratorias, de miembros del Gobierno que pasan a consejos de administración. ¿Qué opina de los jueces que después de pasar por la política vuelven a dictar sentencias?

Es inadmisible que un juez que ha ocupado cargos políticos relevantes pueda después dictar sentencias que afecten de manera directa o indirecta a las fuerzas políticas. Hay una quiebra clara de la apariencia de imparcialidad. Se deberían regular mecanismos más expeditivos de recusación y de abstención.

Indultos como los del 'procés' se han vinculado directamente a favores políticos. ¿Hay que revisar esta figura?

Los mayores porcentajes de condenados que han sido indultados corresponden a delitos vinculados con la corrupción y esto nos demuestra los riesgos de que por el Poder Ejecutivo se tengan potestades tan amplias como las que se tienen ahora, porque pueden vaciar de contenido la separación de poderes. Yo creo que debería regularse de una forma más detallada la figura del indulto, en primer lugar para que deban tener una motivación lo suficientemente amplia y, por otro lado, para que pueda haber un control judicial sobre esa motivación.

¿Habría que abrir el melón de la inviolabilidad del Rey?

No tiene sentido que haya una desigualdad ante la ley sin justificación. Creo que es desproporcionado que un jefe de Estado pueda cometer cualquier tipo de delito al margen de su gestión institucional y que esto no tenga ninguna consecuencia penal.