La investigación sobre la financiación del PP de Aguirre en el caso Púnica terminará en enero

El escrito, al que tuvo acceso ABC, llega al Juzgado Central de Instrucción 6 justo después de que su titular, Manuel García Castellón, acordase extender las pesquisas hasta el próximo mes de enero por las diligencias que faltan por practicar, entre ellas, la declaración de una nueva imputada que ha supuesto un giro para esta parte de la causa . Pese a que ya está decidido, Anticorrupción presenta el escrito para tratar, «pese al tiempo transcurrido», de «dotar de certeza procesal a todas las partes del procedimiento», sobre todo, a los investigados que vienen pidiendo ser exonerados.

«Uno de los principios que, entendemos, debe ponerse en máximo valor en estos momentos procesales, es el de la seguridad jurídica, pues no desconocemos que el sistema de prórrogas unido al estado de la investigación y al largo periodo de tiempo que, algunas personas, llevan desde que inicialmente fueron citadas como investigadas, acarrea un coste personal elevado », dice el informe.

Por ello, avanza ya que la Fiscalía tiene la «voluntad de no interesar nuevas prórrogas de la presente pieza separada de forma que el 29 de enero de 2022 pueda cerrarse», si bien queda condicionado a que la Sala de lo Penal resuelva el recurso que plantearon contra la apertura de una nueva pieza en las actuaciones por hechos que, en opinión del Ministerio Público, corresponden a esta misma parte de la causa.

«Más allá de ello -dice el escrito-, consideramos que las pruebas recabadas durante la instrucción permiten realizar y así se hará, un informe razonado, motivado e individualizado de todas las personas físicas y jurídicas que constan actualmente investigadas en la presente pieza (...) La existencia de una gran pluralidad de hechos, así como de personas, aconseja resolver todos en un informe unitario en que se pueda valorar la prueba en su conjunto».

Tienen tarea. Púnica se ha convertido en un mastodonte difícil de gestionar en la Audiencia Nacional pese a que desde 2019, se ha venido reestructurando su articulación en piezas separadas. En el caso de la que terminará en enero, que afecta a una presunta financiación irregular del PP de Madrid y en la que está investigada la que fue su presidenta, Esperanza Aguirre , se siguen practicando diligencias, las mismas que llevaron a la Fiscalía a pedir que se ampliase el plazo tres meses más y al juez, a darles la razón.

Entre ellas, hay dos grandes grupos, las tomas de declaración que ordenó la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal el pasado septiembre de siete imputados «por su presunta participación en el desvío de fondos públicos del ente público ICM en favor de la financiación del PP» y las que han instado, entre otros, la propia Fiscalía Anticorrupción. Destaca aquí la imputación de Concepción García Dieguez , funcionaria de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid.

En su caso, la citación lo es por presuntos delitos de «malversación de caudales públicos, cohecho, fraude, falsificación de documentos y prevaricación» en relación a su «participación en el desvío de fondos públicos desde las arcas de ICM utilizando para ello la adjudicación de contratos a Indra que estarían sobrevalorados o simularían la prestación de servicios que no serían reales». Es relevante porque los fiscales ponen el foco en ella en detrimento de Silvano Corujo, que fue director del ente público y está imputado por estos mismos hechos.

La tesis que viene sosteniendo Anticorrupción, y en la que busca «profundizar», según la documentación de la causa a la que tuvo acceso ABC, parte de que «directivos de Indra habrían aceptado hacerse cargo a petición de altos responsables del PP de la Comunidad de Madrid del pago de facturas mendaces presentadas por empresas vinculadas a dicha fuerza política regional como forma de nutrir encubiertamente las cuentas del partido y de sufragar deudas particulares del mismo o de sus dirigentes». «Ello, en contraprestación a los tratos de favor que habrían recibido en las adjudicaciones de contratos licitados por el ente público ICM».

Sitúa en este «plan preconcebido» al consejero Delegado de ICM, José Martínez Nicolás , en tanto que «habría concertado la adjudicación a Indra de contratos» del ente público e intervenido en la petición a la empresa de « la entrega de dinero en efectivo para el pago de deudas de índole particular », entre las que menciona al que tenía la Comunidad de Madrid con la empresa de asesoría de reputación EICO, vinculada al también imputado Alejandro De Pedro.

Para ese presunto «pago fraudulento» de la deuda contraída por la Comunidad de Madrid, ICM habría licitado un contrato de 202.844 euros que se concedió a Indra, por procedimiento negociado sin publicidad. La empresa, a su vez, subcontrató a EICO para llevarlo a cabo, aunque «los pliegos prohibían la subcontratación».

Según expone Anticorrupción, «la investigación ha recabado sólidos indicios» de que aquel contrato fue «una prestación simulada y que el trabajo contratado no se habría realizado» , entre otras cosas, porque «no se ha aportado justificación alguna» del mismo y lo que sí obra, son facturas de la empresa de De Pedro a Indra por conceptos que no formaban parte del encargo.

La propia Indra despidió a dos trabajadores, los también imputados Diego Mora y Cristina Bombín, con cartas que ponían en duda la realidad de esos servicios. Ante el juez, ambos señalaron como responsable de la maniobra a Silvano Corujo, que fue director de ICM y que viene desde el inicio colaborando con la Fiscalía Anticorrupción, pese a lo cual, también está investigado.

«La recepción del expediente de aquel contrato permite en estos momentos saber que dichos investigados habrían faltado a la verdad . También permite conocer que el responsable de su licitación no sería Silvano Corujo, sino Concepción García Dieguez », concluye ahora la Fiscalía Anticorrupción. La señala como la persona que se encargó de comprobar la prestación del servicio y de conformar las facturas de Indra una vez autorizadas por Martínez Nicolás, con quien además, consta grabada en la causa hablando por teléfono. «Sí, nada, una cosa inoportuna allí, una tontería y ya está» decía de este asunto.