La Guardia Civil acredita una malversación de 1,9 millones y señala a Turull, Romeva y Ómnium Cultural

En primer lugar, los investigadores recogen el coste de la publicidad en medios de comunicación para publicitar el referéndum ilegal del 1-O. El importe en este punto asciende a 502.639,61 euros, que se dividen en dos campañas : «CCMA publicidad TV3, anunci Vías y otros» (277.804,36 euros) y la Campaña «Sí o no» (224.835,25 euros).

El segundo capítulo tiene que ver con los «servicios» prestados por la empresa UNIPOST, que supusieron un desembolso de 979.661,96 euros. A esta cantidad la Guardia Civil añade 651,80 euros destinados a sufragar la compra de 56.196 sobres . Estas cantidades, que según el informe «no se han registrado en el Registro Central de Facturas» de la Generalitat y que en ningún caso incluyen IVA, se dividen en seis departamentos: Cultura (196.696,98 euros), Vicepresidencia, Economía y Hacienda (193.889,98 euros), Salud (192.711,20 euros), Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (197.492,04 euros) y Presidencia (198.871,76 euros). Según los investigadores «tampoco constan como abonados los importes de las mismas».

El informe, de nueve páginas, recoge asimismo que la Generalitat, a través de Antoni Molons García , secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia, utilizo a Ómnium Cultural como «sociedad interpuesta» para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar en el referéndum del 1-O.

«La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat la gestionó Omnium para ocultar que era la propia Generalitat quien sufragaba los gastos de estos carteles», asegura el informe antes de detallar que el gasto en su impresión y reparto ascendió a 61.879 euros.

La Guardia Civil también recoge las conclusiones de las diligencias practicadas con motivo de la invitación de Diplocat a diversos observadores internacionales para la verificación del referéndum del 1-O y los gastos públicos destinados a su alojamiento y traslado. Del mismo modo, detalla el contrato suscrito por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea con la sociedad The Hague Center for Strategic Studies. En este cuarto apartado la cantidad asciende a 177.065 euros.

«Si bien se ha podido identificar una serie de personas que actuaron como observadores internacionales, no se ha podido determinar la totalidad de los participantes, debido a la negativa por parte de Diplocat de facilitar los datos de los mismos», indica el informe que, no obstante, si logra determinar los gastos vinculados «a la logística sobre estas personas» : 18.835,76 euros en vuelos, 2.416 euros en hoteles y 3.180,10 + 872 euros en actos de distinta índole. En total, 40.591,22 euros.

Los investigadores concluyen que «el responsable último de estas dos instituciones, la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la unión Europea y Diplocat es Raül Romeva Rueda», exconsejero de Exteriores de la Generalitat.

El quinto capítulo que aborda el informe de la Guardia Civil se refiere a los gastos en la presentación del referéndum y destaca el contrato firmado con el Teatro Nacional de Cataluña por el entonces consejero Jordi Turull en su calidad de presidente del grupo parlamentario de Junts el Sí). Dicho acuerdo supuso un gasto de 17.690,20 euros sufragados por Junts pel Sí, «por lo que este grupo parlamentario ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación del referéndum».

«Este acto», añade la Guardia Civil, «tenía por objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del SI en el referéndum».

Finalmente, la Benemérita también incluye el material electoral (sobres y papeletas) incautado en dos operaciones desarrolladas en Igualada y Bigas, y cuyo coste estima en un total de 152.578,63 euros.

Por otro lado, los investigadores advierten al juez de que se están desarrollando otras líneas de investigación relacionadas con el pago de unos informes realizados por Carles Pi i Sunyer «o su entorno» en relación con la preparación del referéndum y del dinero empleado para el acondicionamiento de un call center donde se pretendía gestionar y centralizar los datos de la consulta ilegal, así como del material principalmente informático para llevarlo a cabo. En este sentido hay un gasto de 40.227,78 euros dedicados a la adquisición de material informático a la empresa Fujitsu que aún está en fase de investigación.

En total, la cantidad malversada que la Guardia Civil da por acreditada supera con creces los 1,9 millones de euros.