Interior y Ceuta dan tregua a la repatriación de menores para esquivar otro varapalo judicial

Por un lado, porque Delegación tiene 72 horas para presentar alegaciones y conseguir que el Juzgado de lo Contencioso levante la suspensión cautelar de esas nueve repatriaciones. Sería el espaldarazo que necesitan ambas instituciones para despejar las sombras de ilegalidad.

Por otro lado, porque los argumentos del juez y de la Fiscalía para congelar esas entregas serían extrapolables a cualquier otro de los menores afectados que recurriese la repatriación, ya que se encuentran en la misma situación de ausencia de expedientes y resoluciones individualizadas que la justicia reprocha en este caso. Seguirían produciéndose recursos -cerca de 40 niños tienen asistencia letrada designada- y resoluciones cautelares en favor de su permanencia en Ceuta. Un desgaste que ya está padeciendo el Ministerio del Interior , con críticas de socios de Gobierno e investidura, un apercibimiento del Defensor del Pueblo y un requerimiento de la ONU; y que empieza a pasar factura en Ceuta, donde sus propios trabajadores Infancia han pedido a la Fiscalía que les ampare frente a una actuación en la que dicen, no han tenido voz ni voto.

«Hemos considerado que lo prudente es esperar hasta que se produzca ese pronunciamiento judicial y no incurrir en una actuación que pudiera ser errónea desde el punto de vista judicial», señaló ayer en rueda de prensa el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; que compareció acompañado de Deu. Y eso, que está convencido, como lo está el ministro Fernando Grande-Marlaska, de que las repatriaciones son legales en tanto que las ampara un acuerdo marco con Marruecos y se ejecutan en aras del interés superior del menor.

Para Vivas, «en Derecho, dos más dos no son cuatro» y mientras ese acuerdo bilateral «no establece un procedimiento determinado, lo que sí dice es que los dos gobiernos se pondrán de acuerdo en cómo lo hacen». «El cómo lo hacen es el procedimiento (...) Si esto es jurídicamente correcto o no, no estoy capacitado, pero creo que por el sentido común, sí está respaldado», zanjó, para añadir que «si el procedimiento es el de Extranjería o el del Acuerdo, eso es una disquisición jurídica que se tendrá que resolver».

En una entrevista con RNE, el ministro había ido a primera hora en una línea similar, reduciendo la cuestión a un «debate técnico-jurídico» sobre la necesidad o no, de esos expedientes individuales que le reclaman el juez y la Fiscalía. Interior alegará ante el juzgado de Ceuta que el acuerdo entre Marruecos y España es, como decía ayer el ministro, «el marco suficiente y adecuado» para la repatriación.

Sin dar detalles sobre si esos expedientes individuales se han tramitado o no, pues Vivas remitió a la documentación que su gabinete e Interior aporten a la Fiscalía, que lo ha requerido; el presidente de Ceuta y su número dos sí ofrecieron algún detalle sobre cómo se realizó la selección de menores para su repatriación.

Para empezar, dijeron, los «equipos multidisciplinares» que llevaban trabajando «tres meses» con ellos habían apartado ya a los que mostraban «cualquier atisbo de vulnerabilidad», niños que han sido derivados a recursos específicos «o trasladados a la Península» y que no serán repatriados.

El segundo criterio ha sido el de la situación de acogida y habitabilidad, -de ahí que los primeros fuesen los que vivían en un polideportivo- y el definitivo, la edad: «De mayor a menor, dentro de que son menores» y empezando por los más cercanos a cumplir los 18 aplicando como premisa a mayor edad, menor vulnerabilidad. Según ha apuntado Vivas, se ha dado algún caso entre los 55 repatriados del que Marruecos descubrió que ya era adulto a su llegada, y, aunque «lo han dejado entrar», se «ha repuesto» con otro menor. Hasta el lunes, han sido 15 al día.

Las ONG discrepan de la gestión, sobre todo Save The Children, que tenía la encomienda de los servicios de protección a la Infancia de Ceuta de entrevistar en profundidad a los menores. Denuncian que se ha comenzado la repatriación de aquellos a los que aún no habían llegado e insisten en que sin ese trabajo individual y profundo, hay situaciones de riesgo que no se detectan.

Otro detalle ofrecido en la rueda de prensa desconocido hasta ahora tiene que ver con el modo en que se acordó la puesta en marcha de las repatriaciones. El día 11 de agosto, según explicó Deu, una vez la Secretaría de Estado había mandado un oficio activando el plan, se celebró «un encuentro fomentado por el Gobierno de la Nación a pie de frontera» en el que «tuvo lugar la presentación de diferentes personas tanto del Gobierno como del Reino de Marruecos así como el conocimiento de la entidad» de protección de menores que se hace cargo de aquellos repatriados que no se reúnan con sus familias. También se pactó «cómo iba a procederse con el mecanismo» y según afirmó, con interés por parte de Marruecos, ya que les constaban «muchísimas solicitudes por parte de familias que quieren que retornen los niños».

Ahora, los ojos están puestos en el Juzgado de lo Contencioso de Ceuta y en espera de lo que alegue Interior, pues si el juez mantiene la suspensión de las 9 repatriaciones el siguiente paso es incierto. Si alza la medida, lo previsible es que el dispositivo se reanude.