Interior reincide en los errores de ortografía y corrige en contra de la RAE también las oposiciones de 2022

Unos 300 aspirantes han vuelto a recurrir ante la Dirección General de la Policía ese mismo test, que respondieron el pasado mes de febrero. Hace dos años el problema fue que el ministerio dio por malas palabras como 'reditar', 'preliminar', LGTBI y ciberataque porque no aparecían en el Diccionario de la Lengua Española, aunque un informe de la RAE las considera «plenamente correctas» , como ha ratificado la Justicia.

Este año el tribunal de las oposiciones ha preguntado a los aspirantes si las palabras software, stent y majorette [sic] estaban o no en el diccionario. Muchos respondieron que no, porque deberían aparecer con cursiva o comillas simples al tratarse de extranjerismos que no han sido incorporados al castellano. Como en el examen figuraban en letra redonda o normal, cientos de aspirantes respondieron que, así escritas, no constan en el diccionario oficial y, por tanto, las respondieron como erróneas. Pero el tribunal calificador se las corrigió como correctas.

En cuanto salieron las notas a finales del pasado mes de febrero, unos 300 afectados presentaron recursos de alzada ante la Dirección General de la Policía con un informe de Gelsys M. García, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, que se apoya en la propia RAE para aclarar que estas tres palabras deben escribirse siempre en cursiva (o con su equivalente de las comillas simples) porque, de lo contrario, es tan incorrecto como escribir sin acento una palabra que lo lleva.

«¿Escribiríamos una palabra sin tilde? No. Pues lo mismo le aplicamos a la cursiva», aclara esta experta en ese informe, al que ha tenido acceso ABC. La doctora García explica que la cursiva es «imprescindible y obligatoria» para marcar que una palabra extranjera no incorporada al castellano no se pronuncia como se escribe, por ejemplo las mencionadas 'software', 'stent' o 'majorette'. La propia web de la RAE matiza que «los extranjerismos crudos o no adaptados», como los tres mencionados, «deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que indique su carácter foráneo, preferentemente en letra cursiva o bien entre comillas».

La Dirección General de la Policía tiene hasta finales de este mes de mayo para resolver estos 300 nuevos recursos de alzada. De momento sigue sin pronunciarse cuando algunas academias de estas oposiciones ya anuncian que en un par de semanas el tribunal calificador se reunirá para concretar las notas de la última fase y la lista definitiva de aprobados. El caso de este año es más complejo que el de 2019, ya que las oposiciones siguen abiertas, por lo que, si Interior admite estos recursos administrativos antes de adjudicar las plazas, podría afectar a todos los que hicieron ese test de ortografía, incluidos los que lo aprobaron.

Ángel Galindo es el abogado de la mitad de los 800 afectados que recurrieron la convocatoria de 2019 ante la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que ya ha dado la razón a los nueve primeros, todos ellos representados por este letrado. Explica a ABC que, desde que trascendió esa sentencia el pasado fin de semana, sólo el mismo sábado se pusieron en contacto con él otros 200 más que también quieren recurrir tan pronto como esta primera sentencia sea firme si, como parece, el Ministerio del Interior no la recurre antes del 17 de junio.

Galindo calcula que en las próximas semanas se juntarán en el TSJM unos 2.000 recursos sólo por las oposiciones de Policía de 2019, a las que se podrían sumar muchas más si Interior tampoco enmienda el entuerto de este año. «No entiendo cómo el ministerio se empeña en ignorar a la RAE, lo normal en cualquier administración que actúa de buena fe es corregir un error tan evidente, no repetirlo», se lamenta.

Algunos de los opositores afectados explican a ABC que «es increíble que vuelva a pasar algo similar , es un golpe muy duro tanto para nosotros como para nuestras familias después de tantas horas de dedicación». Recuerdan que han llevado su queja a numerosas instituciones, como el Congreso, el Senado o el Defensor del Pueblo, además de distintos departamentos del Ministerio del Interior y de la propia Policía, sin que ninguno les haya respondido.

El diputado Pablo Cambronero (Grupo Mixto) ya ha presentado un escrito en el Congreso preguntando al Gobierno si recurrirá la sentencia del TSJM que corrige el test de 2019, el coste de económico para las arcas públicas de este fiasco y si piensa cesar o dimitir el director general de la Policía, Francisco Pardo, por la defensa que hizo de esta «decisión arbitraria», según Cambronero. «Tenemos la esperanza de que nos contesten antes de que venza el plazo», confían los opositores afectados por la polémica de este año. Les quedan apenas dos semanas para evitar el mismo calvario del que empiezan a salir ahora sus compañeros de la promoción anterior. Algunos lo están viviendo por partido doble, ya que se presentaron a las dos convocatorias.