INTERIOR
El Código Penal tratará a los antisistema como a los «cachorros de ETA»
Quienes convoquen manifestaciones violentas serán acusados de un delito de integración en organización criminal
El Gobierno está decidido a combatir con todos los medios a su alcance la creciente actividad de los grupos antisistema, que en los últimos meses han aumentado su grado de preparación, organización y violencia, con la utilización de técnicas de "guerrilla urbana". Lo sucedido en Barcelona en la última huelga general ... y las anteriores revueltas de Valencia han sido la gota que ha colmado el vaso y ha decidido al Ejecutivo a preparar una reforma del Código Penal para que estos individuos radicales reciban el mismo tratamiento que los miembros de los grupos de la "kale borroka".
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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz , ha avanzado esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, algunas de las novedades de la reforma legal. Entre ellas destaca que "alterar gravemente el orden público" y convocar manifestaciones violentas por cualquier medio, incluidas las redes sociales o a través de SMS, será considierado un "delito de integración en organización criminal". Y es que estas redes sociales son utilizadas por los antisistema no solo para convocar actos de protesta concretos, sino también para manipular y "colonizar" los organizados por otros grupos ajenos a ellos, de modo que sea más fácil luego crear el "caldo de cultivo" necesario para que se produzcan episodios de violencia urbana. Esta técnica ya se vio en la última etapa del movimiento del 15-M y ya entonces se demostró la capacidad de infiltración que tenían los grupos radicales.
«Por desgracia estos actos no solo suceden en Barcelona»
"También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos -ha dicho el ministro- los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos". En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no solo a los que se produzcan en estos establecimientos, sino también lo que se deriven por la interrupción de cualquier servicio público.
También la resistencia pasiva grande
Además, se pretende que se castigue "como un delito de atentado contra la autoridad, la resistencia activa o pasiva grande ante las Fuerzas de Seguridad, e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas".
Todas estas reformas, en las que el Ministerio del Interior trabaja conjuntamente con el de Justicia desde hace dos meses, supondrán que la pena mínima para los condenados por este tipo de sucesos sea de dos años de cárcel.
En su intervención, el ministro ha lamentado que "por desgracia" estos actos no suceden sólo en Barcelona . "No hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenismo jurídico".
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