Interior diseña una nueva carrera para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias

La necesidad de una nueva ley viene dada no solo por esta particularidad, sino por el hecho de que la carrera dentro del sistema penitenciario está regulada por dos leyes preconstitucionales : la 39/70, que regula el Cuerpo Superior Técnico, el Grupo A, modificada mediante real decreto en 2011 y que afecta solo a juristas y psicólogos, y la 36/77, del citado Cuerpo de Ayudantes, que es el mayoritario.

La idea de Instituciones Penitenciarias es refundir ambas y crear una nueva Ley de Cuerpos en la que se puedan tener en cuenta las características del sistema en la actualidad. «Además de los que vigilan los módulos y los de oficina, sin duda imprescindibles, los profesionales más necesarios ahora, además por supuesto de juristas y psicólogos, son los criminólogos, los pedagogos, los sociólogos y los educadores sociales , y lo más llamativo es que tenemos a muchos de ellos dentro de la Casa, pero en otras funciones. Lo que se busca es que los nuevos que ingresen puedan hacerlo para los trabajos en los que estan preparados», explican las fuentes consultadas.

Esta primera idea nuclear de esa nueva ley supondrá, en la práctica, un rediseño de la carrera de los funcionarios penitenciarios. En la actualidad lo que sucede es que se ingresa en el Cuerpo de Ayudantes y a los dos años ya se puede opositar al Cuerpo Especial. Con la nueva situación se convocarían plazas específicas para los profesionales citados , que o bien entrarían directamente en el Grupo A por oposición, o podrían acceder a él por concurso interno si tienen la titulación requerida.

Uno de los casos más llamativos es el de los educadores sociales. Aunque hay una titulación universitaria de esa especialidad, lo que sucede ahora es que esas plazas las ocupan funcionarios en la última etapa de su carrera profesional a los que de esta forma se reconoce su trabajo y experiencia, sin duda también muy valiosa. La tendencia, sin embargo, es que esas plazas pasen a ser desempeñadas por especialistas.

Con los trabajadores sociales la situación es más problemática, ya que se trata de personal laboral, cuya selección no controla la administración penitenciaria a pesar de que sus informes son especialmente útiles en el tratamiento del recluso.

El segundo de los asuntos que abordará esta ley es la de dónde situar a los trabajadores penitenciarios dentro de la Administración. Hay dos posibilidades sobre la mesa: definir un estatuto general para ellos, separándolos del resto del funcionariado -los sindicatos preferirían esta opción, al estilo de lo que sucede en la Policía y la Guardia Civil-, o bien seguir dependiendo de la Administración General del Estado con las particularidades de su trabajo reconocidas por ley . Obviamente, la decisión última no depende solo de Interior, ya que afecta a otros departamentos.

De lo que no cabe duda es que el trabajo en las prisiones tiene unas características muy particulares, especialmente en lo que atañe a temas de seguridad. Los sindicatos consideran que sus reivindicaciones se diluyen dentro de las del resto de los trabajadores públicos que están representados en la mesa de la Administración General del Estado, en la que además, por su número, este colectivo tiene poco peso específico.

El tercero de los objetivos principales sería el de reducir las nueve categorías actuales de centros penitenciarios, cada una de ellas con sus propias condiciones, hasta un máximo de tres o cuatro . Esas diferencias hacen que se produzcan agravios comparativos que siempre han generado malestar en los trabajadores, que no entienden cómo a igual trabajo el sueldo es distinto en función de dónde prestes tus servicios.

Finalmente, y si no se ha resuelto antes por vía parlamentaria, se abordaría de una vez la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad , algo en lo que están de acuerdo todos los partidos pero que por una razón u otra no acaba de ver la luz. Además, se quiere recoger en la ley que cuando un trabajador tenga derecho a una indemnización por sentencia firme como consecuencia de haber sufrido una agresión de un preso, y éste se declare insolvente, sea la Administración la que se haga cargo de pagar esa cantidad a la víctima.

La reforma, como se ve, es muy ambiciosa, y aunque de forma oficial no se admite, demuestra que el funcionario de prisiones es el «hermano pobre» del Ministerio del Interior , lo que ha provocado un nivel de conflictividad muy alto. Desde la Secretaría General se garantiza que todo el proceso de elaboración de esa nueva ley se hará en permanente diálogo con los sindicatos de prisiones , que por su parte tendrán que demostrar si quieren la vía del acuerdo o prefieren el enfrentamiento continuo.

Por supuesto, lo que no hay aún es plazos , pero al menos existe la voluntad de que a lo largo de esta legislatura el trabajo esté ya muy avanzado.