Interior destina 10,8 millones de euros a vuelos chárter para expulsar inmigrantes

En términos generales, y habida cuenta del paréntesis por la pandemia, las mismas fuentes señalan que las expulsiones «van bastante bien». Añaden que la cifra de 10,89 millones ahora presupuestada, que figura en las condiciones de licitación publicadas el día 9 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entra «absolutamente dentro de lo habitual», si se observa la secuencia histórica.  

Están previstos para costear durante 18 meses esos traslados internacionales, en los que las personas expulsadas retornan siempre acompañadas de funcionarios de Policía encargados de su custodia, reflejo de la competencia de Interior en esos desplazamientos. Nada que ver, por tanto, con los controvertidos vuelos detectados en diciembre entre el archipiélago canario y la Península , que fueron utilizados por inmigrantes no sujetos a restricciones deambulatorias, a quienes les habían sido concedidos permisos administrativos en atención a sus circunstancias de «especial vulnerabilidad».  

La deportación, junto a la neutralización de cualquier «efecto llamada», fue el argumento invocado por Grande-Marlaska para rechazar estos meses atrás el traslado desde las islas a otros puntos de España de los inmigrantes llegados a ellas, que ascendieron a 23.023 en datos provisionales al término del año. Constituyen más de la mitad de los registrados en todo el país, que sumaron 41.861.

Anteriormente, las incursiones por miles se han registrado prioritariamente por el Mediterráneo, y el recurso a los chárter ya existía, aunque también se usan plazas en vuelos comerciales.

Las estadísticas apuntan a que la mayoría de esas personas llegadas al margen de la legalidad en este pasado ejercicio al archipiélago son magrebíes, originarios de Marruecos y Argelia por este orden. Países con los que las deportaciones están teóricamente muy engrasadas y, por tanto, funcionan con agilidad. Otra cosa es el número real que se consigue ejecutar.

Otro secreto

Ni el Ministerio del Interior ni los países receptores ofrecen cifras -otro de los herméticos secretos que rodean la gestión migratoria en España-, si bien, a través de alguna que otra respuesta parlamentarií, se sabe que desde 2014 se repatria en torno a un tercio de quienes tienen orden de abandonar el territorio. Esto es, de 9.500 a 11.500 expulsiones al año, muy por debajo del número de entradas e incluso del volumen de inmigrantes que acaban internados en los CIE, expresamente concebidos como antesala de deportaciones que acaban en puestas en libertad.

No se devuelve a los solicitantes de protección internacional, cuya petición ha sido admitida a trámite, tampoco a menores. A partir de ahí, las devoluciones se complican porque los inmigrantes no portan documentación que facilite definir de qué país proceden. Y cuando se determina, los trámites incluyen complejas negociaciones con los estados, que incluso mandan comisiones a España para entrevistar y, en su caso, aceptar uno a uno a los candidatos a la repatriación. Y eso que se hace en el marco de acuerdos previos, los hay con 30 estados. Marruecos, además, tiene un cupo, a partir del cual pone trabas. Los viajes de vuelta los paga España.