ETA intenta asesinar a un policía en Bilbao el día que el TS ilegaliza a su brazo político
El mismo día que el Tribunal Supremo, por unanimidad de todos los miembros de la «Sala del 61», decidía la ilegalización de ANV, la banda asesina ETA intentaba matar a un policía nacional destinado en Bilbao con la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su coche. La decisión de los dieciséis magistrados es un nuevo golpe contra el «brazo político» de los terroristas, aunque no evita la presencia de los electos de ANV en ayuntamientos vascos y navarros y en el Parlamento de Vitoria.
En este contexto, los asesinos decidieron reaparecer, si bien la fortuna se alió con la víctima elegida: un policía nacional destinado desde hace varios años en Bilbao que ya en 1999 había sufrido en su domicilio un ataque de terrorismo callejero. Fuentes policiales precisaron que el artefacto contenía entre 500 y 700 gramos de un explosivo (al parecer cloratita), así como un metro de cordón detonante y un sistema de activación de la bomba mediante movimiento diseñado por ETA. Otras fuentes, sin embargo, creen que se trata de pentrita, un explosivo muy potente.
Las circunstancias del atentado revelan que el agente, ya veterano, fue sometido por los terroristas a un intenso seguimiento. El funcionario salió por la mañana de su domicilio para ir a trabajar al cuartel de la Policía en Basauri y al mediodía regresó a casa, en el barrio de Zorroza. Después de comer, la víctima se dirigió de nuevo a su puesto de trabajo. Eran las cinco y media de la tarde y en la puerta de las instalaciones sus compañeros detectaron la bomba-lapa en el control rutinario de entrada, que se realiza con espejos. La víctima había recorrido con la bomba bajo su asiento al menos 10 kilómetros. Esta misma situación la han vivido otros dos policías y en esta misma localidad.
Dada la voz de alarma, fueron los especialistas del TEDAX quienes se hicieron cargo de la situación. El recinto policial fue acordonado como medida de seguridad y dos horas después el artefacto quedaba desactivado. Los expertos comenzaron de inmediato el estudio del artilugio para determinar las razones por las cuales no había explotado.
Sólo unas horas antes, pasadas las once y media de la mañana, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, hacía pública la decisión de la «Sala del 61» de ilegalizar ANV por ser sucesora de Batasuna y estar sometida a los dictados de la banda terrorista ETA.
El fallo se conocía siete meses después de que se pusieran en marcha los mecanismos de ilegalización tanto de ANV como del PCTV. La Sala se reunirá hoy para deliberar la demanda contra este último y es muy probable que corra la misma suerte. La única diferencia es que el PCTV cuenta con representación parlamentaria y su posible ilegalización conllevaría la disolución del grupo en la Cámara de Vitoria.
Última intervención
En la que pudo ser su última intervención como presidente del Tribunal Supremo (la de la Apertura del Año Judicial ya correrá a cargo del presidente que elijan el día 23 los veinte vocales del nuevo CGPJ), Francisco José Hernando fue el encargado de comunicar en rueda de prensa la estimación de las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ambas movieron ficha poco antes de las elecciones generales del pasado marzo y casi un año después de que esta misma Sala anulara sólo las 133 listas de ANV impugnadas. La formacición ahora ilegalizada pudo concurrir a aquellos comicios con el resto de sus candidaturas.
Si bien la resolución no se notificará hasta dentro de unos días, fuentes judiciales explicaron que la «Sala del 61» aprecia que se ha producido la «sucesión política» de Batasuna en las filas de ANV, de tal manera que la primera ha conseguido instalarse de nuevo en las instituciones pese a su ilegalización. ANV, indican, «ha puesto toda su estructura orgánica al servicio de un partido ilegal».
El Tribunal también ha tenido en cuenta las conexiones económicas existentes entre los dos partidos, uno de los muchos indicios aportados por el fiscal y el abogado del Estado en sus demandas. Según las fuentes citadas, no es necesario probar la existencia de una «caja única», pues los numerosos movimientos contables y facturas en los que se confunden ambos partidos bastan para que se dibuje con toda nitidez el entramado financiero.
La primera consecuencia de esta decisión es, tal y como establece la Ley de Partidos, la liquidación de todos los bienes y efectos de ANV y la disolución de los grupos municipales agrupados bajo estas siglas. En total, Acción Nacionalista Vasca cuenta con 430 concejales repartidos en casi un centenar de municipios, de los que gobierna en 43: en 34 ayuntamientos del País Vasco y en nueve de Navarra. Si bien los cargos electos no perderán sus actas de concejal, sí dejarán de representar estas siglas y de recibir cualquier subvención municipal.
No obstante, y según informa Servimedia, en la práctica, y hasta los próximos comicios de 2011, ANV seguirá gestionando desde los ayuntamientos más de 230 millones de euros aprobados en sus presupuestos, una cantidad mayor de la que disponía Batasuna cuando fue ilegalizada en 2003 por el Supremo.
Suspensión de actividades
Como también sucedió con Batasuna, en la vía penal ANV ya tenía suspendidas sus actividades con anterioridad a la declaración de ilegalidad acordada ayer por el Tribunal Supremo. Fue el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quien el pasado 8 de febrero adoptó esta medida cautelar durante un periodo de tres años prorrogables. Ese mismo día, el TS rechazaba suspender su actividad, aunque acordaba cortarle las subvenciones públicas mientras se tramitaba el procedimiento de ilegalización.
Aunque la sentencia de ilegalización de Batasuna no se conocerá hasta dentro de unos días (Hernando se limitó ayer a anunciar el fallo), fuentes del alto Tribunal aseguraron que los magistrados han asumido las pruebas aportadas por la Abogacía del Estado y Ministerio Público en sus respectivas demandas. En ellas se aseguraba que fue Batasuna la que «resucitó» este partido con 70 años de historia para burlar la ilegalidad declarada por el Supremo y estar presente en los comicios de 2007. Como prueba de esta «sucesión», estaba un documento intervenido al etarra Gorka Murillo en el que se diseñaba la estrategia a seguir en el ámbito jurídico en esas elecciones. Los demandantes también coincidían en que ANV asumió en las instituciones «los postulados del entorno de ETA, incluida la no condena de la violencia terrorista».
Los servicios jurídicos del Estado aludían también a las «comisiones informativas de presos y represaliados» creadas en Hernani y Elorrio, en las que se han asumido íntegramente los postulados de ETA o la intervención de la alcaldesa del primero de los municipios, Marian Betialarrangoitia, el 12 de enero, cuando pidió un «caluroso» aplauso para los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, detenidos unos días antes en Mondragón y presuntos autores del atentado de la T-4.
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