Ínsula barataria

En el argumentario del secesionismo, la fuga de empresas, coincidiendo con la proclamación de la República Catalana (?), ocupa un lugar destacado. El secesionismo aduce que la estampida obedece a un complot contra la independencia de Cataluña, perfectamente orquestado por un Estado español que lo impulsa y favorece cambiando la legislación a mayor gloria de sus intereses. El secesionismo es incapaz de aceptar que la huida -empresas, inversores, ahorradores- se debe a la «astucia» -deslealtad, desobediencia, provocación- de un secesionismo devastador. Afortunadamente, el mercado -todos somos mercado- ha tomado ya la palabra.

Mientras la Revolución de la Sonrisa vende emoción y descalifica (Estado represor, atentado a la democracia, basta ya de jugar con la escuela y la lengua, inmovilismo, recorte de las libertades, el golpe de Estado unilateral del 155, quiten las manos de nuestra Administración, neofranquismo), el constitucionalismo propone (recuperar el autogobierno, coser la fractura social, innovación, vuelta de empresas, política sanitaria, medidas ambientales, fiscalidad, infraestructuras, escuela trilingüe, lucha contra la corrupción o reforma de la Constitución). En definitiva, la política democrática frente a la demagogia populista de un nacionalismo que mantiene unas pésimas relaciones con la legalidad constitucional y el Estado de derecho.