El instructor del caso Cursach no abrió los móviles que incautó a dos periodistas

El magistrado había ordenado la incautación de material y documentos a Mestre y a Pou en el marco de la pieza secreta del caso Cursach abierta por presunta revelación de secretos. En dicha pieza se investigan las supuestas filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en esta macrocausa. En su auto de este jueves, Florit defiende que la entrega de los móviles el 11 de diciembre habría sido «voluntaria» y sin «protesta alguna» por parte de los dos redactores citados, extremo que dichos profesionales siempre han negado. Por otra parte, el juez rechaza en su auto la personación de «Diario de Mallorca» y de Europa Press en la citada pieza secreta, porque no son «perjudicados ni ofendidos por el delito que aquí se investiga». Florit también recuerda en su escrito que los dos periodistas mencionados «no son investigados en la causa».

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga desde hace seis años la existencia de una presunta trama de corrupción policial, política y empresarial cuyo impulsor sería el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares durante décadas, Tolo Cursach. El primer instructor de la causa, el juez Manuel Penalva, fue apartado del proceso en marzo del pasado año por la Audiencia Provincial de Palma por «pérdida de apariencia de imparcialidad». Su sustituto pasó a ser el juez Florit.

La decisión tomada el pasado 11 de diciembre por Florit suscitó numerosas muestras de apoyo hacia los dos periodistas afectados y manifiestos de defensa del secreto profesional. La respuesta de «Diario de Mallorca» y de Europa Press fue, por su parte, presentar una querella contra Florit por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. Dicha querella fue admitida ya a trámite.

Por su parte, Mestre y Pou recibieron el pasado 24 de diciembre sendas llamadas de los Juzgados en las que se les comunicó que podían ir a recoger sus móviles. Sin embargo, ambos periodistas solicitaron que dicha decisión se les notificase «en debida forma» y que se les citase para la devolución del material requisado. La notificación solicitada les llegó a los dos afectados ayer, 2 de enero, citándoles para este viernes.

Con independencia de la incautación de los móviles a los dos periodistas citados, las supuestas filtraciones periodísticas detectadas motivaron, por otro lado, que agentes de Asuntos Internos iniciasen meses atrás una investigación para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de dichas filtraciones. Las primeras sospechas recayeron sobre el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, recientemente desmantelado, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. En ese contexto, el exjefe del Grupo de Blanqueo y un agente de dicha extinta unidad fueron detenidos el pasado 19 de diciembre por el presunto delito de «descubrimiento y revelación de secretos». Tras acogerse a su derecho a no declarar, ambos quedaron en libertad con cargos, a la espera de comparecer en un futuro ante el juez.

Los orígenes de la macrocausa conocida hoy como caso Cursach se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, el juez Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar una posible trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Para Penalva y Subirán, formaban también parte de dicha supuesta red delictiva Cursach —que poseía negocios en ambos municipios—, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones.

Según esa hipótesis, el magnate isleño habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio Cursach y por sus colaboradores.

La pieza principal de esta causa será dilucidada ya en breve. De hecho, recientemente la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en relación a dicha pieza, en el que pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público quiere que se sienten en el banquillo otras 23 personas además del empresario, entre las que se encuentran empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma. Este será el segundo juicio al que se enfrente el magnate mallorquín. Cabe recordar que en junio del pasado año fue condenado a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. Cursach se encuentra en estos momentos en situación de libertad provisional, tras haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma.