El «instigador» de las protestas frente a la casa de Iglesias se querella contra él por denuncia falsa

Los hechos se remontan al pasado 12 de julio cuando, de acuerdo con la querella presentada por Iglesias el día 29 de ese mismo mes por un presunto delito de relevación de secretos, Frontera «se sube al muro del chalet y es detectado por los moradores del mismo grabando un vídeo hacia el interior del domicilio a través de su teléfono móvil».

Sin embargo, Frontera defiende ahora que el propio Iglesias habría reconocido en su declaración del pasado 28 de diciembre en los juzgados de instrucción de Collado Villalba que «solamente se había subido a una roca que existe en el campo, fuera de la propiedad del querellado, no invadiendo por tanto en ningún momento su propiedad», según recoge su querella, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Frontera argumenta asimismo que el visionado del vídeo grabado con su teléfono móvil sobre el momento en cuestión ha permitido «comprobar que no se encarama a la valla, ni invade la propiedad del querellado en ningún momento, sino que se graba desde una roca sita en un lugar público».

Con todo ello, la defensa de Frontera considera acreditado que la querella dirigida contra él «es totalmente infundada» y que Iglesias la interpuso «con pleno conocimiento de su falsedad».

Para verificar este relato, pide al juez instructor de Collado Villalba (Madrid) sobre el que recaiga esta querella que tome declaración como investigado a Iglesias, que su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, lo haga en calidad de testigo, y que Frontera comparezca como investigado.

Iglesias se querelló contra Frontera por un total de seis delitos --acoso, coacción, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y descubrimiento y revelación de secretos-- por las manifestaciones que se venían produciendo desde hacía meses frente a su vivienda en el municipio madrileño de Galapagar.

El líder de Podemos denunció que la conducta de Frontera se sucedía «a diario» al menos desde el pasado 15 de mayo, «hostigando y profiriendo improperios como llamarle 'garrapata' o términos de índole similar», todo lo cual le produce una «grave alteración» de su vida cotidiana y de la de su familia, recordando en este sentido que en su casa también viven sus tres hijos menores de edad.

Entre los hechos que le recriminó, además del incidente de la grabación con el móvil, el entonces vicepresidente del Gobierno mencionó en la querella que Frontera suele acompañar sus protestas con un equipo de megafonía que supone un «impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad».

También llamó la atención sobre el hecho de que Frontera publicita su comportamiento en redes sociales, anunciando incluso su intención de repetirlo. En concreto, Iglesias aludió a una entrevista a través de Youtube donde manifestó que iba a «seguir asistiendo a la vivienda a importunar hasta que se canse el querellante y su familia, y que va a seguir poniendo música cada vez más alta».

Por otro lado, apuntó que Frontera ha creado «una plataforma de 'crowdfunding' de la que pretende obtener ingresos económicos para seguir dando soporte a las supuestas protestas», lo que revela, a su juicio, que «se lucra, recabando aportaciones económicas de los ciudadanos, para financiar la actuación ilícita y delictiva que lleva a cabo».

En su declaración del 28 de diciembre, Iglesias y Montero afirmaron que sentían "miedo" de las protestas y que las "rutinas" de sueño de sus hijos e incluso sus propios modos de vida se han visto alterados, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Un día después compareció Frontera que, conforme a las mismas fuentes, confirmó su presencia en las protestas frente al chalet de Galapagar y dijo que estaban motivadas, sobre todo, por la gestión que había hecho Iglesias de las residencias de ancianos frente a la COVID-19.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba dictó entonces una orden de alejamiento de 500 metros contra Frontera, prohibiéndole acercarse al domicilio o lugar de trabajo de la pareja y comunicarse con ellos por cualquier canal, aceptando así las peticiones formuladas tanto por Iglesias y Montero como por la Fiscalía de Madrid.