La insoportable falta de verdad de los asesinatos de ETA sin esclarecer

En 2017, hace demasiado poco tiempo, era localizada la causa judicial del asesinato de un policía nacional provocado por una bomba que la banda hizo explotar a principios de los 80 en San Sebastián, que causó graves lesiones a otro agente. El sumario perdido estaba « lleno de facturas de cristales rotos de los establecimientos dañados por la bomba, sin ofrecimiento de acciones a las víctimas y archivado definitivamente con esta frase: "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal"». Y eso a pesar de que la organización reivindicó el atentado y sus víctimas fueron reconocidas como víctimas del terrorismo.

El testimonio forma parte del trabajo de búsqueda casi detestivesco desarrollado por María del Carmen Alba , nombrada coordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional cuando a mediados de 2010 esta instancia recibió la petición de ayuda de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entonces con Maite Pagazaurtundua a la cabeza, y otras asociaciones. Necesitaban conocer qué había sido de las autorías de 349 asesinatos de las que nada se sabía.

Cuesta creer que hace solo siete años hubiera 349 ejecutados por ETA cuyas familias no sabían ni siquiera si alguien había pagado por el crimen o no. Si el caso se encontraba bajo investigación o no. O si había sido arhivado sin hacer justicia. Dos largos años y medio después, tras una labor titánica de rastreo, se había identificado que más de un centenar de los procedimientos judiciales relativos a esos crímenes pendientes había terminado con sentencia condenatoria para sus responsables, aunque nunca había sido puesto en conocimiento de sus seres queridos, víctimas también del terrorismo que habían quedado olvidadas.

En la Memoria de la Fiscalía de la AN de 2013 se refleja por encima la envergadura de aquella tarea que consistió en algo muy preciso: vincular cada caso a su número de registro –« un cardinal seguido de una barra y el año de incoación »– sin el que era imposible avanzar.

En el sistema informático de gestión procesal de la Administración de Justicia, activado en el año 2000, cuando la banda llevaba ya casi cuarenta años de terror, se hallaron tan solo 91 causas. Para completar la mayor parte del listado pendiente tocó recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que facilitaran cualquier dato relativo a los atentados; también a los registros civiles para ver si en los asientos de defunción figuraban notas con el número del sumario, a las hemerotecas, a las autoridades francesas... Y, como no, a los juzgados de la localidad donde se produjo el asesinato, que incumplieron su obligación de inhibirse en favor de los superiores y l legaron incluso a cerrar las causas, cuando no a destruirlas . Para las causas anteriores a la creación de la Audiencia Nacional en 1977 fue necesario además acudir allí donde habían correspondido hasta entonces los más graves delitos de terrorismo, esto es, los archivos militares de Burgos y El Ferrol.

«Nadie que no lo haya vivido puede llegar a imaginar el nivel de emoción reverencial que se siente cuando se localiza en una caja, acaso arrinconada, acaso con olor a tiempo, a vieja burocracia, a soledad y a encierro, ese tesoro que es el procedimiento con la historia judicial de un sacrificio humano, una vida arrebatada (...). Uno se arrodilla interiormente», escribió María del Carmen Alba en un artículo titulado «La hora de la verdad» que publicó cuando dejó su cargo hace un año, un escrito en el que recordaba que saldar las deudas pendientes con las víctimas es «una obligación urgente e inexcusable».

A partir de ese registro de 348 víctimas mortales –la número 349 era una ciudadana francesa asesinada en Francia, y por tanto competencia de ese país– se haría uno de carácter general, que en mayo de 2017 comprendía los 1.275 muertos provocados por el terrorismo de ETA y otros en España o de españoles fuera de nuestras fronteras desde 1960. Se ha conseguido vincular a sus causas judiciales a más del 97% de ellas, lo que significa que sus allegados tienen a su disposición información sobre el estado procesal del procedimiento correspondiente para poder orientarse en el laberinto jurídico.

Dado el carácter dinámico de los procedimientos judiciales, es muy arriesgado determinar cuántos asesinatos de ETA están aún por esclarecerse. O por esclarecerse del todo. El listado más reciente que se maneja es el de la Fiscalía de la Audiencia Nacional fechado en enero de 2017 que remite a un estudio de 2011 en el que se identificaron 349 víctimas mortales encuadradas en 270 procedimientos y se incorporaban 13 causas reabiertas. Este informe sigue tomándose como referencia, aunque es una fotografía que hoy no sirve del todo, en tanto se hubieran producido otras reaperturas o sentencias. La institución no ha podido proporcionar a este diario una cifra actualizada.

En la de 2017 es fácil encontrar casos que han obtenido sentencias condenatorias, pero por «colaboración», «encubrimiento», «robo», «estragos», también por autoría material, aunque se entiende que incompleta porque faltan pistoleros a los que no se juzgó. También aparecen fallos absolutorios, otros en los que se indica que el criminal está «fallecido» o «murió en un enfrentamiento con la policía». Y hay decenas junto a las que se indica la palabra «prescritos». Se cree que la mitad de los crímenes lo han hecho.