Inquietud en sectores de la Guardia Civil por el despliegue marítimo de los Mossos

La Comisión Nacional de Policía Judicial —un órgano de coordinación que agrupa al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), a los ministerios de Interior y Justicia y a los departamentos de este ámbito de Cataluña y País Vasco— ya dejó claro en 2019 que la Guardia Civil debía de asumir todas las competencias policiales en los mares, interiores y exteriores.

El papel de los Mossos se limitaría, en síntesis, a tareas administrativas. Pero pese a ello, y con la pandemia de Covid ralentizando su puesta en marcha, la Generalitat catalana lleva ya un año dando pasos hacia el despliegue de su Policía Marítima . Ahora, la completarán con el encargo a dos empresas de la fabricación de tres embarcaciones de doce metros de eslora, con capacidad para unos diez ocupantes, que costarán a las arcas públicas casi 500.000 euros cada una de ellas.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera esta inversión un gasto innecesario pues sostiene que las necesidades de vigilancia del mar «están perfectamente cubiertas» por los agentes del Instituto Armado. Pero ese supuesto dispendio no es lo que más preocupa a esta asociación de guardias civiles: inquieta su sospecha de que el proyecto de la Generalitat «parece tener la clara intencionalidad de ir acaparando poco a poco competencias que ya tiene asumidas la Guardia Civil y querer echar a la Guardia Civil de Cataluña».

La AUGC ve en las nuevas patrulleras «claras intenciones» del Gobierno catalán de «quitarse de en medio» al grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) para intentar que los Mossos aglutinen más competencias.

«Existe una gran incertidumbre entre los agentes -de la Guardia Civil- allí destinados —en Cataluña— y sus familias, que temen el desarraigo que conllevaría un cambio de destino», llega a decir en un comunicado esta asociación, mayoritaria entre los agentes del Instituto Armado. Por eso, ante este temor, la AUGC ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , que el despliegue marítimo del cuerpo policial autonómico no vaya en detrimento de las competencias de la Guardia Civil en Cataluña ni de sus agentes. Y, sobre todo, que «esclarezca la intencionalidad y fines» de la Generalitat con este proyecto marítimo.

«El Gobierno de España no puede permitirse el lujo de perder más competencias y seguir olvidando a los guardias civiles en Cataluña, al igual que ocurre en el País Vasco o intentan en Navarra», sostiene esta entidad.

El despliegue de la Policía Marítima lo anunció el pasado mes de febrero el exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch pero la puesta de largo se ha ralentizado por el coronavirus. La intención es que este nuevo servicio de los Mossos d’Esquadra acabe estando formado por un total de 49 agentes , de los que una quincena proceden de la ya existente Unidad Acuática, con competencias administrativas en aguas interiores —ríos, canales y embalses— y que pasan a integrarse ahora en la Policía Marítima.

Con base en los puertos de Palamós (Gerona), Vilanova i la Gertrú (Barcelona) y La Ametlla de Mar (Tarragona), las competencias de la Policía Marítima deberán limitarse , en esencia, al ámbito administrativo —denuncias de infracciones náuticas tanto de tipo comercial como pesquero o deportivo—, vigilancia y prevención, inspección de entornos naturales marítimos y la colaboración y auxilio mutuo con otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

En especial con la Guardia Civil, que ostenta en exclusiva las competencias policiales en este terreno. Sí, por ejemplo, durante el patrullaje los Mossos encuentran un cadáver o sorprende un cargamento de fardos de cocaína deberán dar cuenta inmediata al Instituto Armado.

Todo esto había quedado resuelto en aquella reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial del 12 de marzo de 2019 que solventaba una pugna competencial histórica existente —con momentos de mayor o menor tensión entre los cuerpos— desde que en 2008 los Mossos crearon su Unidad Acuática.

Pese a ello, y casi un año después, en febrero de 2020 el exconsejero Buch presentaba ante la prensa, en el puerto de La Ametlla de Mar, el proyecto de despliegue de la Policía Marítima como una paso más de los Mossos como «policía ordinaria e integral en todo el territorio catalán». Después de aquel varapalo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, la Generalitat no renunciaba al despliegue marítimo de los Mossos para el control de los casi 800 kilómetros de costa catalana.

Prueba de ello, las tres flamantes embarcaciones, de características similares, cuya fabricación se ha adjudicado esta semana -mediante concurso público- a dos empresas diferentes, que tendrán ocho meses para ponerlas a flote. Costarán 488.776, 4933.668 y 482.778 euros, respectivamente. Tres lanchas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio y carbono que se fabricarán en los mismos puertos de Palamós, vilanova y La Ametlla. La Asociación Unificada de Guardias Civil espera que la culminación de su despliegue no merme las competencias del Instituto Armado en esta comunidad autónoma.