El informe del Consejo de Estado ve a España como paraíso del turismo abortista

El Consejo de Estado constata en su informe, el «creciente fracaso» de la ley actual, y que la regulación haya convertido España en un paraíso del «turismo abortista» y en el país europeo en el que más crece el número de abortos.

Advierte además de que la aplicación de la ley de 1985 ha conducido a España a una «indeseable» situación de aborto libre, «cuando no arbitrario», y considera que el creciente número de abortos en España demuestra la disfuncionalidad de una regulación «que no responde a la situación actual».

El informe pone de relieve la oportunidad de reformar la actual legislación, pero insiste en que esa reforma vaya acompañada de un refuerzo de las medidas de educación y de sanidad sexual.

Sobre la constitucionalidad de establecer un régimen de plazos para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto), el Consejo de Estado estima que el sistema de plazos que se propone es compatible con el texto constitucional.

Recuerda además que en los países europeos donde el aborto se ha despenalizado mediante un sistema de plazos, el supuesto de libre opción de la madre se limita mayoritariamente a doce semanas , e incide en la importancia que debe tener la educación sexual de los jóvenes, pero en que ésta se haga de una forma «delicada» y atendiendo siempre al sexo y edad de los educados.

El Consejo de Estado sí aconseja revisar y especificar en qué consiste manifestarse contra la interrupción del embarazo y en qué momento debe expresarse, y propone varias soluciones, entre ellas la de eliminar esa redacción y regular la objeción de conciencia de los facultativos.

Plantea además la posibilidad de que el Comité Clínico previsto en la ley se pronuncie sobre la enfermedad incurable del feto, pero que no corresponda a ese órgano autorizar el aborto, una decisión que correspondería en exclusiva a la madre.

Incide el dictamen del Consejo de Estado en la importancia de mejorar la información que se da a la mujer gestante, en que esa información sea personalizada «y no estandarizada», sin introducir consideraciones éticas ni religiosas, y tendiendo siempre a la protección de la maternidad y no al fomento de la interrupción del embarazo.

Respecto al consentimiento a la gestante (el anteproyecto fija en los 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión), este organismo ha reconocido «el derecho» de los padres a ser informados de la petición de su hija de someterse a un aborto, y en el caso de que la mujer sea menor de 16 años también a «ser oídos» por el médico.

El Consejo de Estado recomienda también sancionar con mayor severidad los médicos que practican abortos ilegales y aquellos facultativos que practican los abortos en condiciones que atentan gravemente contra la salud de la mujer o contra la del «nasciturus» por estar en «avanzadísimo» estado de gestación.