Inés Arrimadas emplaza a Pedro Sánchez a rectificar tras abocarse a la «radicalidad» de ERC y de EH Bildu

La esperanza es cada vez menor en Cs, donde insisten en que no se abonarán, como desea el PSOE , a la vía «radical» de los independentistas. Los liberales se oponen frontalmente a las «contrapartidas» a republicanos y a «abertzales» a cambio de su «sí» a los PGE y se niegan a compartir foto con ellos.

Después de cierta presión interna -y desconcierto- por la lenta reacción a la enmienda que relegaba el castellano como lengua vehicular, Arrimadas puso sobre la mesa cuatro condiciones «sine qua non». Dos de ellas, sin relación con la economía, reclamaban la recuperación del carácter vehicular del castellano y que el Ejecutivo se comprometa por escrito a que no se celebrarán referendos de secesión en España.

El «no» de Cs a los Presupuestos, al albur de los últimos acontecimientos, está ahora más cerca que nunca. El Senado todavía podría enmendar la «ley Celaá» y recuperar la redacción original del proyecto de ley -que sí incluía el castellano como vehicular en la educación catalana-, pero es muy improbable. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra , ya confirmó el martes que su partido no se plantea un cambio de posición al respecto.

«Si el PSOE acepta las condiciones de ERC y Bildu, lo hace porque quiere. Jamás podrá decir que no tuvo alternativa», ha dicho Arrimadas en rueda de prensa, en la que ha achacado la misiva de Sánchez a sus afiliados a que «toda España sabe que si elige a ERC y a Bildu es porque quiere».

La mano tendida de Cs sigue ahí, pero internamente se asume que el presidente del Gobierno, aunque se resista a escenificarlo en público, ya ha elegido. «Estamos en la moderación. Es el PSOE el que tiene que alejarse de ERC y Bildu, y Sánchez quien decía que nunca pactaría con Bildu», ha insistido Arrimadas.

La líder de Cs ha presumido de haber frenado «locuras podemitas» en el proyecto inicial de los Presupuestos, como la pretendida subida del IVA a la educación concertada, pero ha dejado claro que si el Gobierno quiere aprobar las cuentas con su partido, «tiene que deshacer lo andado».

La «ley Celaá», ha denunciado, «es la contrapartida a ERC para aprobar los Presupuestos». «Es una humillación que se tache el castellano de la educación», ha agregado. De nuevo, ha recordado que la marginación del español lleva produciéndose «décadas» en Cataluña, aunque hoy se haya dado «un paso más». «Nos han vuelto a vender».