«El indulto es absolutamente temerario»

«¿Cómo puede decir el Gobierno que servirá para salir del ‘procés’ cuando los condenados dicen permanentemente que cometerán los mismos delitos? Es absolutamente incomprensible, los ciudadanos no son idiotas», expresa Molina, que suscribe lo dicho por Felipe González y Alfonso Guerra . «Las leyes sustentan la democracia, si no se cumplen, le hacemos un gravísimo daño», y añade: «Estos señores ni las cumplen ni se arrepienten».

La vieja guardia del PSOE criticó esta semana estas intenciones. El expresidente González aseguraba hace unos días en Antena 3 que «en estas condiciones» él no daría el indulto . Se refería a la «falta de arrepentimiento», aspecto fundamental recogido en la norma que regula la gracia, y a la insistencia por repetir sus delitos.

Por su parte, en un foro en Andalucía, el exvicepresidente Guerra se pronunciaba y lo resumía así: «Políticamente es totalmente indeseable y jurídicamente no es legal». Ninguna de las ocho voces citadas en esta página cree que la medida sea efectiva a nivel político ni tenga validez jurídica. Y se echan las manos a la cabeza con el argumentario ‘sanchista’ para defender lo que creen indefendible. Punzante como acostumbra contra Sánchez, Rosa Díez advierte de la «perversión democrática» que supone obviar el informe del tribunal sentenciador. «Pero la argumentación que se da es doblemente insultante –critica–: hacia el sistema democrático, hacia la separación de poderes y hacia las personas que defendemos el imperio de la ley».

La fundadora de UPyD acusa a Sánchez de querer «garantizar la mayoría parlamentaria» que le hizo presidente, a pesar de que, según apunta, eso lleve consigo «blanquear a golpistas o terroristas [esto último lo menciona por el acercamiento de presos al País Vasco]». Y luego, Díez apostilla: «Es una afrenta y un insulto a la Democracia que además se agranda cuando Sánchez nos define, a los que estamos en contra, como personas que piden ‘venganza’ en vez de justicia».

Fernando Savater también se centra en criticar estos argumentos. «El indulto a los golpistas catalanes me parece pagar un chantaje político con una chapuza jurídica», según contesta a este diario. Pero al filósofo hay algo que le irrita más todavía: el relato que desde hace unos días va tejiendo en la opinión pública el presidente del Gobierno. «Aún peor que el indulto en sí, es la disparatada explicación con la que llama ‘venganza’ y ‘resentimiento’ al cumplimiento de las penas dictadas de acuerdo a la ley», denuncia. Esa perspectiva entre «concordia» o «venganza» es lo que Sánchez, su jefe de gabinete, Iván Redondo, el titular de Transportes, José Luis Ábalos, y más ministros expresaron estos días, incluso después del informe del Tribunal Supremo que rechaza los indultos.

Seguido, Soraya Rodríguez explica que si hay indultos, «habrá recurso y es muy posible que se gane, porque desde el punto de vista jurídico se trata de hechos delictivos de extrema gravedad contra el orden constitucional». Rodríguez recuerda lo expresado por el Alto Tribunal: «Cuenta con el rechazo por unanimidad del tribunal sentenciador: No es un acto de Justicia, ni de equidad ni de utilidad pública». Y lamenta que «cuando se pone la gobernabilidad de España en manos de aquellos cuyo objetivo es acabar con la Nación», eso convierte a «los españoles en rehenes de sus intereses».

Elisa de la Nuez cree que «el precio a pagar por la estabilidad del Gobierno parece demasiado para la democracia». La aboga del Estado alerta de que los doce indultos son «peligrosos para el Estado de Derecho» y que ni siquiera se cuenta con «consenso» . Tiene claro que «no serán útiles tanto dentro como fuera de Cataluña para recuperar la convivencia y la concordia» y que «tampoco sirven de fundamento a un proyecto de futuro».

También José María Múgica advierte de que es «absolutamente temerario» concederlos después del informe del Supremo. «La frase clave es esta: políticamente entiendo que no se deben dar, jurídicamente entiendo que no se pueden dar», explica en conversación con este diario. Preguntado por la parte en la que el Gobierno dice que la decisión final le compete al Consejo de Ministros, su respuesta es contundente sin perder el humor: «Eso sería tener una concepción del derecho de gracia más propia de Luis XIV , de un rey medieval, que de un Gobierno en democracia sometido a los principios del Estado de Derecho». Luego, lanza una pregunta: «¿Hasta dónde quieren forzar la máquina?».