Los independentistas valoran los gestos del Gobierno con los presos, pero exigen que les pidan perdón
La Moncloa, que pretende usar a la Abogacía del Estado para contentar a los secesionistas, insiste en que el delito de rebelión no encaja con el golpe liderado por Puigdemont
El Gobierno necesita de forma imperiosa aprobar los Presupuestos y sabe que los independentistas tienen la llave para conseguirlo . El obstáculo, obviamente, no es el detalle de las cuentas públicas, sino la exigencia de ese sector de que los acusados por el golpe de Estado del pasado año en Cataluña salgan bien parados del proceso judicial en el que están inmersos. El Ejecutivo tiene las manos atadas en lo que respecta a la Fiscalía , pero quiere utilizar a la Abogacía del Estado para abonar el terreno y conseguir el ansiado apoyo. Para ello podría ordenar a los servicios jurídicos del Estado que no acusen de rebelión a los procesados en esta causa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ya dio el primer paso en el debate del pasado miércoles en el Congreso, cuando desde la tribuna recordó la tesis del exministro popular Federico Trillo sobre la vinculación del delito de rebelión con un levantamiento armado. «(Trillo) Hizo una propuesta de modificación en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares», subrayó Sánchez en el hemiciclo. El líder socialista declaraba así, por primera vez como jefe del Ejecutivo, la inadecuación del delito de rebelión para juzgar los hechos del 1 de octubre. Una posición que ya había mantenido como jefe de la oposición en mayo, comprometiéndose incluso a reformar el Código Penal, pero sobre la que no se había pronunciado desde entonces.
Calvo reforzó ayer esta tesis en Onda Cero. «Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas» y el delito de rebelión tiene un formato básicamente de ese tipo», consideró. Por ello, abogó por «adecuar el delito de rebelión» al momento actual, aunque evitó detallar si La Moncloa impulsará esta reforma y, de hacerlo, cuál sería la letra pequeña. La vicepresidenta sí adelantó que el próximo 2 de noviembre la Abogacía del Estado presentará su escrito de acusación contra los políticos catalanes.
Apostando por una tesis contraria a la del juez Pablo Llarena , Sánchez consideró en mayo «que el delito de rebelión, tal y como está tipificado, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses». Su posición de fondo es que los políticos catalanes no pueden ser acusados por este delito con la actual redacción. Y que esta reforma no debe llevarse a cabo en mitad del proceso judicial, porque la labor del legislador tiene que ser abrir un debate sosegado, sereno pero también contundente para actualizar el delito, informa Víctor Ruiz de Almirón. De cara al futuro, Sánchez apostaba por una actualización del delito para «defender la Constitución» frente a situaciones como la del 1 de octubre
El PP no coincide con la tesis de Sánchez. El diputado Rafael Hernando subrayó que «hay muchas formas de ejercer la violencia» y que no se requiere que haya militares «para ejercerla». Recordó que los miembros de las Fuerzas de Seguridad fueron perseguidos en Cataluña durante las jornadas previas y posteriores al 1 de octubre y se han enviado balas por carta a militantes de PP y Ciudadanos. Y acusó al Gobierno de pretender condicionar a los jueces. «No hace falta modificar el Código Penal, lo que hace falta es que apoyemos a los magistrados y defendamos el procedimiento del Estado de derecho», remachó. Coincidió con él el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas. «Sánchez se mete a juez para presionar a los jueces, debe ser parte del acuerdo con ERC y PDECat».
ERC y PDECat piden más
Los esfuerzos del Gobierno no logran, de momento, satisfacer a los independentistas, que reclaman no solo palabras, sino acciones. ERC y PDECat celebraron ayer las reflexiones de Sánchez y Calvo pero acto seguido Joan Tardà no solo reclamó la absolución total de los políticos catalanes encarcelados, sino que el Estado les pida «perdón» por encarcelarles «injustamente» .
Por su parte, el PDECat cree que las reflexiones del Gobierno no son suficientes para que los partidos catalanes apoyen los nuevos Presupuestos del Estado, aunque sí reconocen que pueden ser un primer paso en el camino. Los independentistas reclaman «acciones» y no solo «palabras» e insisten en que el Gobierno debe instar de manera clara a la Fiscalía a retirar el delito de rebelión.
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