Los independentistas redoblan su chantaje a Sánchez: si hay presos, no habrá PGE

A su juicio, el acuerdo solo será posible si el Gobierno «insta a la Fiscalía General a cambiar las acusaciones» porque «no han cometido ningún delito» y para ERC «solo es posible la absolución y la libertad». Instantes después, Campuzano agregaba que «hoy no se dan las condiciones políticas que exige una negociación de Presupuestos» y que su grupo no tiene «confianza» en el Gobierno porque éste no está dando los pasos que le reclama el independentismo. Puso como ejemplo que La Moncloa solo ha levantado uno de los recursos interpuesto por el Gobierno popular a leyes de la Generalitat y «la situación de los presos no termina de avanzar. Cuando el Gobierno nos llame, veremos».

Entretanto, tanto ERC como PDECat reconocen abiertamente su convencimiento de que podrán negociar más fácilmente con un Gobierno del PSOE soportado por Podemos que con uno del PP soportado por Cs y que, de momento, le insuflarán oxígeno en los problemas más inmediatos como el caso tesis. Ayer ambos grupos votaron en contra de que el presidente comparezca ante el Congreso como habían reclamado el PP y Ciudadanos. Pero Tardà puso un alto precio sobre la mesa. « Que se vea que hacemos lo posible para echar una mano», dijo, pero «esperamos que nos pague con la misma moneda. Si el martes nos apuñalan y no se aviene a comparecer, entonces lo que no vamos es a actuar de esta manera». Los Presupuestos son así el problema más grave que tiene Sánchez por delante. No solo por el chantaje al que le someten sus socios independentistas sino porque la estrategia que ideó su equipo para levantar el poder de veto del Senado por la vía rápida está frustrada.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor , escuchó ayer a la Junta de Portavoces y superó así el último trámite necesario para rechazar la reconsideración de la tramitación exprés (con urgencia y en lectura única) solicitada por el Gobierno. La Mesa del Congreso finiquitará así la estrategia del Gobierno en su próxima reunión, probablemente la semana que viene, y dejará a Sánchez sin capacidad para modificar el techo de gasto como le exige Podemos. La presidenta de la Comisión de Justicia, la socialista Isabel Rodríguez, aceptó ayer su derrota ante la decisión de Pastor, aunque el PSOE mantuvo el tono de su «reproche político».

Rodríguez reconoció que no podrían hacer otra cosa: «Hemos acatado la decisión de la Mesa porque así lo dicen los letrados, sin perjuicio de los recursos que quiera hacer cada grupo en defensa de sus derechos». La diputada dijo que la decisión de Pastor es un hecho «inédito y cuestionable desde el punto de vista democrático». En los escritos remitidos a la Comisión de Justicia por la Mesa del Congreso Rodríguez defiende que «no se discute la competencia de la comisión (como hicieron el jueves) para calificar las enmiendas porque es un hecho indiscutible». Pero la Mesa aduce su capacidad general para ordenar cualquier asunto.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, anunció que su partido ha solicitado dos reconsideraciones. La primera para que se acepte la enmienda en la ley del Poder Judicial y la segunda para que la Mesa reconsidere tramitar la reforma de la ley de estabilidad en lectura única. Pero ninguna prosperará. La Comisión de Justicia arrancó la ponencia de la ley del Poder Judicial en la que el PSOE intentó colar la reforma sin incluir ya la enmienda 32. No se descartaba ayer presentar recurso al TC por la actitud de Pastor, pero se matiza que en primer lugar debe procesarse a solicitar la reconsideración.