La juez Carmen Lamela pide un informe de llamadas telefónicas de Trapero, Sànchez y Cuixart

En su petición a la Guardia Civil para conocer ese tráfico de llamadas y que ha sido notificada en un auto, la juez de la Audiencia Nacional pide que se identifiquen los números de teléfono de los cuatro investigados y que se solicite a las compañías telefónicas el listado de llamadas y de mensajes de texto emitidos también esos días, entre el 15 de septiembre y 2 de octubre .

La juez quiere conocer con qué personas y si entre ellos mismos se efectuaron comunicaciones esos días, así como el tiempo que se prolongaron y otros datos de interés relevantes para la investigación, han informado fuentes jurídicas.

Además, la magistrada también ha solicitado información a algunas entidades financieras acerca de los movimientos bancarios de las cuentas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural . En un auto notificado este viernes, la juez, a instancias de la Fiscalía atendiendo a la petición que en este sentido hizo la Guardia Civil en su último atestado, requiere información bancaria y financiera de ANC y Òmnium a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorros y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

Solicita de esta forma todos los datos relativos a las cuentas bancarias, préstamos o créditos, tarjetas, cheques, transferencias relacionadas con esas entidades así como la identificación de los titulares y autorizados en esas operaciones bancarias. En cuanto a las transferencias, Lamela pide también que se identifique la cuenta de origen y destino y el titular de las mismas, en virtud a la normativa sobre el blanqueo de capitales.

La Guardia Civil solicitó a la juez «todas las informaciones y datos que obren en sus archivos bancarios o sociedades de su corporación o vinculados de algún modo en relación con ANC y Òmnium Cultural». Con esta información, el instituto armado pretende conocer «los movimientos existentes desde la fecha de apertura hasta la fecha de recepción del mandamiento» , sin perjuicio de que se puedan tomar futuras medidas contra las asociaciones.

Fuentes fiscales descartaron que el Ministerio Público pidiese próximamente la imputación de ANC y Òmnium Cultural en tanto que las personas jurídicas no pueden ser investigadas por un delito de sedición. Sin embargo, también reconocieron que se está investigando a las asociaciones para ver si han sido utilizadas con fines ilegítimos y delictivos que pudieran derivar en una suspensión de actividades, del mismo modo que se hizo en su momento con organismos del entramado etarra tras probarse su integración en la organización terrorista como fue el caso de Batasuna, entre otros.