El incierto horizonte judicial de la candidata Borràs

La causa abierta por sus presuntos contratos a dedo cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas sale del Supremo hacia el TSJ de Cataluña y amenaza sus aspiraciones políticas

La cabeza de lista de Junts per Catalunya, Laura Borràs

16/02/2021
Actualizado a las 13:14h.

De un juzgado de Barcelona al Supremo y de allí al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La causa penal que afecta a la cabeza de lista de Junts, Laura Borràs, por su gestión al frente del Instituto de las Letras Catalanas continuará su ... peregrinaje judicial una vez que la candidata renuncie a su acta en el Congreso y ocupe su nuevo escaño en el Parlament. El Alto Tribunal, que la había imputado el diciembre por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude, pierde ahora la competencia para investigarla y juzgarla al no ser ya aforada nacional y sí autonómica. Por tanto, el procedimiento, que amenaza las expectativas de la candidata a convertirse en al menos vicepresidenta de la Generalitat, se traslada ahora al tribunal superior autonómico y la diputada tendrá que seguir conviviendo con él durante al menos los primeros meses de nueva legislatura.

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Las dilación en la instrucción que provocó la propia Borràs en el Supremo, al negarse a declarar el pasado julio, imposibilitó dictar auto de procedimiento abreviado (procesamiento) antes de las catalanas: si hubiera sido así la causa ya se habría quedado ya en el Supremo con independencia del resultado de estos comicios y las nuevas responsabilidades políticas de la líder independentista. Sucedió también con los presos del «procés» que obtuvieron escaño en las autonómicas de 2019 y no por ello perdió su competencia el Alto Tribunal.

Contratos a dedo

En diciciembre de 2019 la Sala Penal del Supremo acordó abrir causa a la diputada por las presuntas irregularidades en 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), que fueron adjudicados a un amigo, Isaías Herrero. El Alto Tribunal resolvía de acuerdo al criterio de la Fiscalía, que dos semanas antes emitió informe en el que apreciaba claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs «abusó» de su condición de directora de la ILC para adjudicar «directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática», cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero.

Para la Fiscalía, había «claros y contundentes indicios de simulación documental (continuada por parte de ambos) a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autencididad». La finalidad última y única de esos documentos, dice, «era su aportación a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual , encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a Herrero y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual».

El Ministerio Público señalaba que entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó a Herrero un total de 18 contratos menores fraccionando «de manera ilegal» en 18.000 euros la contratación de servicios que «en realidad obedecían a una misma unidad operativa o funcional». Borràs era «perfectamente conocedora desde el inicio de su mandato de la prohibición legal de fraccionar en varios contratos un mismo objeto contractual» . El importe de los contratos adjudicados a Herrero fue de 259.863 euros, según la exposición de la que se hace eco el fiscal.