La Iglesia teme que la ley vaya contra la confesión mayoritaria

Si bien el Episcopado está a la espera de conocer el borrador para fijar públicamente su postura, el tema ya ha sido tratado en alguna de las sesiones del Comité Ejecutivo, para quien «no ha sido ninguna novedad la iniciativa, teniendo en cuenta la ofensiva laicista que viene defendiendo el Gobierno desde la pasada legislatura», precisaron las mismas fuentes.

Los obispos, en cambio, no ocultan su perplejidad ante una reforma que no sólo consideran «innecesaria» sino que además «no tiene ninguna demanda social». El cardenal Carlos Amigo ha abogado en reiteradas ocasiones porque se «cumpla la actual normativa», ya que se cambia «sin haberse cumplido» la que está en vigor. Para el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, está bien todo aquello que «consagre» la libertad religiosa pero teme que se convierta en un instrumento contra la confesión mayoritaria. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, también se ha sumado a la lista de prelados que se han opuesto públicamente a la propuesta. En concreto, ha señalado que teme que el Ejecutivo aproveche la reforma para «eliminar del ámbito público cualquier manifestación religiosa».

Su desconfianza no carece de argumentos, sobre todo porque el Gobierno se está planteando incorporar en el borrador la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, que ordena la retirada de los crucifijos de las aulas italianas, al considerar que supone «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones».

La propuesta tampoco parece calar del todo entre las confesiones religiosas minoritarias. Para la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), el problema principal de la actual normativa «no ha sido la parte legislativa en general sino su falta de desarrollo posterior» y consideran que de reformarse la ley ésta tendrá que integrar «la problemática no resuelta de los reglamentos no desarrollados de la ley anterior». Es la posición que también defienden musulmanes y evangélicos, que presionan para que el nuevo marco legal resuelva los actuales conflictos a la hora de establecer sus lugares de culto o la carencia de un estatuto jurídico para sus ministros, entre otras reivindicaciones justas a las que podrían darse respuesta desde los acuerdos de cooperación firmados con cada una de estas confesiones y que, sin embargo, siguen sin solución.