¿Qué hicieron los ayuntamientos para borrar el callejero etarra?

¿Cabría imaginar que la calle Arturo Soria, de Madrid, pasara a llamarse Antonio Ortiz, «el pederasta de Ciudad Lineal»? ¿O que a un parque infantil en Santa Engracia se le denominara «Jamal Ahmidan, «El Chino», coautor de la matanza del 11-M?. Pues esto ha ocurrido, y ocurre, en el País Vasco y Navarra, en municipios sometidos al régimen ultranacionalista. El ayuntamiento batasuno de Hernani, por ejemplo, puso a un parque infantil de la localidad el nombre de «José Manuel Aristimuño, Pana», un peligroso etarra del «comando Araba» muerto en enfrentamiento con la Policía. Tras la denuncia de ABC, el alcalde decidió retirar el siniestro nombre, a regañadientes, por mandato del juez. A una de las principales avenidas de la localidad vizcaína de Lejona, gobernada por el PNV, se le puso el nombre de los hermanos «Txabi eta Joseba Etxebarrieta». El tal Txabi fue el pistolero que asesinó al guardia civil de Tráfico José Pardines, al que remató cuando agonizaba en el suelo. El alcalde se negó a retirar la placa aduciendo, entre otros motivos, que obedecía a un acuerdo adoptado por una corporación anterior, y que había que respetarlo.

Lejona, «territorio Txeroki», porque a otra de sus principales avenidas se le llamó «Eustakio Mendizábal, Txikia» . Pistolero de ETA muerto también en un enfrentamiento con la Policía. Como homenaje al terrorista, la banda de «Ternera» denominó «Txikia» al «comando» que asesinó al entonces presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, y a los tres integrantes de su comitiva.

La localidad guipuzcoana de Cizurquil homenajea al etarra Joseba Arregi, muerto en comisaría por torturas, poniendo su nombre a la plaza principal. También la plaza principal de Durango, gobernada por el PNV, pasó a denominarse «Gudaris Txiki y Otaegi», dos etarras fusilados cuando agonizaba el franquismo . Y como no podía ser menos, la plaza principal de Arrigorriaga, en Vizcaya, pasó a tomar el nombre de «Argala», el alias utilizado por el cabecilla José Miguel Beñarán , al que se le atribuye su participación en el asesinato de Carrero Blanco. Falleció el 21 de diciembre de 1978 por el mismo procedimiento, saltando su vehículo por los aires.

Cuando ABC destapó el escándado, el entonces alcalde Alberto Ruiz de Azúa, del PNV, dijo ante el juez, para negarse a quitar la placa, que no le constaba que Beñarán hubiera pertenecido a ETA ni que «fuese condenado por ningún acto de terror» . Hasta la propia banda se ha atribuido su pertenencia a la misma y lo ha considerado como su «ideólogo». No fue condenado, obviamente, porque no se le puso detener, ya que fue asesinado cuando vivía impunemente en el entonces «santuario francés».

Todos los alcaldes se opusieron en su momento a retirar el callejero etarra, ayudados, en gran medida, por la desidia del resto de formaciones políticas, que no adoptaron ninguna iniciativa al respecto. Gracias a Dignidad y Justicia el escándalo llegó a los tribunales . Pero cada caso cayó en juzgados diferentes y la falta de un criterio común contribuyó a que el callejero etarra se mantuviera en el tiempo, como una de las peores ofensas y humillación a las víctimas del terrorismo.