Heridos, los 5.000 olvidados del terrorismo en España

Un estudio radiografía por primera vez a los supervivientes del terror, condenados a las secuelas y la invisibilidad social

MadridActualizado:

«Hace un año que encontraron el sumario. Eran ochenta folios que nunca debí haber leído sola. Contenía un sobre con los casquillos de las balas que le dispararon a mi padre. Esos trocitos son los que nos mataron a todos». El estremecimiento sacude la espina dorsal como una corriente eléctrica a cada página de «Heridos y olvidados. Los supervivientes del terrorismo en España» (La Esfera de los libros), el primer estudio que echa cuentas de las víctimas invisibles de los atentados perpetrados en nuestro país por grupos de todo tipo –ETA, el yihadismo, los Grapo, las bandas de extrema derecha o izquierda, los habidos durante operaciones de paz en el extranjero...– y se aproxima a la dimensión inabarcable de su drama atroz. El de unas vidas que nunca volvieron a ser las mismas tras la explosión, o los tiros, o el secuestro, como narra de manera sobrecogedora al comienzo de estas líneas Maribel Lolo, hija del policía municipal de Portugalete Jesús Lolo, al que ETA dejó en 1974 en una silla de ruedas y condenó a un calvario de dolores que no acabaron nunca.

El informe, de mucho peso cuantitativo, cifra en 4.808 los heridos en acto terrorista, exactamente los que reconoce como tales el Ministerio del Interior. Faltan los de Barcelona y Cambrils de 2017 porque sus expedientes todavía no están resueltos, pero cuando se incorporen se da por hecho que el número de lesionados superará los 5.000. Dos doctores de la Universidad de Navarra, María Jiménez y Javier Marrodán, coautores también del proyecto «Relatos de plomo» sobre el terrorismo en la Comunidad Foral, solicitaron esa información y recibieron a cambio una hoja de excell oceánica, con 65.000 celdas cuajadas de datos en bruto.

El trabajo sobre esa base ha dado como resultado la radiografía de los supervivientes del terror en España, que revela realidades siniestras hasta ahora no contrastadas como que la mitad de ellos, 2.552, se registraron en Madrid, una cantidad sin duda elevada por culpa del mayor aquelarre terrorista jamás padecido en el continente, el del 11-M, que dejó 1.761 heridos. La sentencia del juicio por la masacre calificó a ocho de «extremos», cuyas curaciones requirieron hasta 520 días. El siguiente atentado con más lesionados, 164, fue en 2009 el de la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos de 2009. A la Benemérita pertenece el 10% del total de heridos. El 6% a la Policía Nacional, el 2,4% al Ejército. En cuanto a la distribución geográfica, a gran distancia de Madrid figuran Guipúzcoa (480) y Vizcaya (411) y así hasta llegar a 192 municipios. Del total, 2.597 sufrieron daños como consecuencia de acciones de ETA. Otros 1.833 por el yihadismo. Las indemnizaciones concedidas ascendían en total en 2015 a 357.979.558.21 euros.

No están todos los que son

«No están todos los que son, –alerta la autora–, la normativa de atención a las víctimas se ha ido desarrollando con el tiempo... en los 60 y 70 no existía ese reconocimiento de la condición de herido». Por eso, cuando el Estado reaccionó, para algunos ya fue demasiado tarde. «Luego hay que subrayar que la Administración no es proactiva... ese reconocimiento hay que solicitarlo, y hay personas que ni sabían que podían acogerse», agrega la investigadora. Buen ejemplo de que la lista está incompleta es que solo diez de los 76 secuestrados que ETA dejó vivos –mató a otros diez– constan como heridos. María Jiménez menciona también el atentado etarra en 1974 contra la cafetería Rolando, en el corazón de Madrid, el primero indiscriminado perpetrado en España y que causó más de 70 heridos, según la prensa de la época, aunque en Interior solo aparecen como tales trece.

Una de ellas es Natividad Astudillo, protagonista de una de las cinco entrevistas a supervivientes que ocupan la última cuarta parte del libro y que sugieren el descenso a los infiernos que para cada cual supuso cruzarse un día cualquiera en el camino de un verdugo. «No había psicólogos en aquella época (...). Nunca pensé que pudiera tener un tratamiento, nadie me ayudó, nadie me llamó para preguntarme cómo estaba», relata la mujer. Padeció, entre otros, traumatismo craneal, amputación de los dedos de un pie, tres operaciones para recolocar la mandíbula y varias de cirugía facial de las que no se hizo cargo la Seguridad Social. Tuvo que pagarlas un seguro privado.

Alejandro Ruíz-Huerta salió vivo de la matanza de los abogados de Atocha en 1977 y con una pierna cosida a balazos se fue en taxi al hospital. No había ambulancias. Allí tuvieron que darle de alta a toda prisa porque le estaban amenazado de muerte. Recibió en su misma habitación un anónimo: «Curita comunista (había sido novicio jesuita un año), acabaremos contigo». «Estas personas han estado desatendidas mucho tiempo. El Estado ha ido reaccionando para protegerles», añade la investigadora, que subraya la legislación de nuestro país en materia de víctimas como «una de las más avanzadas de Europa, teniendo en cuenta –puntualiza–, que se puede mejorar».

Daños colaterales

El estudio realizado no se adentra en ese terreno, pero sí revela que, de media, han sido necesarios seis largos años para obtener oficialmente la condición de herido. Pero se avanza. El primer lesionado de ETA en 1965, un guardia civil, logró el reconocimiento en 2006, 41 años después. Hoy, Antonio Miguel Utrera, que viajaba en los trenes del 11-M, tacha los trámites de «escabrosos» y «muy humillantes». Un coágulo en el cerebro terminó por causarle un ictus que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo. Pero para iniciar el proceso, su padre tuvo que ir a comisaría a denunciar que Antonio Miguel había sido víctima de un atentado a pesar de que por ese motivo había estado hospitalizado 100 días. Su testimonio ilustra con una crudeza desgarradora la soledad que lastra a muchos lesionados. «El rostro me quedó desfigurado (...) me parecía inaccesible tener pareja (...). Habría dado lo que fuera porque un amigo mío me hubiera acompañado al médico un día», cuenta Utrera.

El estudio de Jiménez y Marrodán recoge que, en función de la catalogación prevista en la ley, en Interior constan 4.808 heridos con algún tipo de reconocimiento según el grado de gravedad de los daños que sufrieron. Así, ha sido otorgada la gran invalidez a 60 heridos en atentados; incapacidad permanente absoluta a 283; permanente total a 667, permanente parcial a 107 e incapacidad temporal a 172. Otros 3.519 se consideraron víctimas de lesiones no invalidantes.

Pero ninguna categorización aborda el olvido social, el abandono, el sentimiento de culpabilidad que les hace preguntarse por qué les tocó a ellos vivir y no a los otros. El fin de la autoestima. Ni, por ahora, la lucha de los familiares –en particular de las esposas, las madres, las hijas...– cuyo proyecto vital también se truncó colateral y absolutamente por las heridas del ser querido. Ellos, –ellas–, son, en palabras de María Jiménez, los que se han quedado «en la cuneta de la historia» del terrorismo, de modo que si se les tuviera en cuenta, la onda expansiva de los lacerados por la barbarie se multiplicaría a decenas de miles.

«En pequeñas pildoritas, me iban a anunciando que mi vida iba a ser terriblemente dura. Y no te cuento la de él», describe en una entrevista de imprescindible lectura Ana Arregui, cuyo marido, el ertzaina Jon Ruiz sufrió graves quemaduras en el 60% de su cuerpo cuando la furgoneta que conducía por Rentería fue atacada en 1995 con cócteles molotov. Ella le dio el espejo en el que él se miró por primera vez. «Cómo lloraba», recuerda la mujer.

«¿Y usted?», se le pregunta a Arregi en el libro. Por su vida. Qué fue de la vida de ella. «Yo me centré en él (...). Les oía a algunas personas: Me siento no-sé-cómo. Y pensaba: "Yo la verdad es que no sé nunca cómo me siento"».

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