Hacienda denuncia a Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O

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En un escrito dirigido al fiscal-jefe del órgano fiscalizador y fechado el pasado 20 de octubre, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, solicita que se adopten medidas contra el gobierno de Cataluña y los responsables de las asociaciones identificadas «que permitan esclarecer las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y, en su caso, integración en el patrimomio público, de los medios materiales necesarios para la organización y celebración del referéndum», así como el empleo de recursos públicos para su promoción por parte de entidades de naturaleza privada que participaron en la consulta prohibida.

El secretario de Estado reconoce en la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, que en este momento no se pueden cuantificar los daños producidos a las arcas públicas, precisamente por el « ánimo de ocultar « todo el proceso por parte del gobierno de la Generalitat , que dirigió de manera consciente su voluntad hacia la consecución de una finalidad ilegal. Apunta, por ejemplo, la negativa de la Generalitat a aportar la relación de contratos de auditoría y de prestación de servicios bancarios requeridos en el marco del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, por el que se intervinieron las cuentas del Ejecutivo autonómico.

Entre los gastos que cita la denuncia en el marco de los preparativos para el referéndum del 1-O, figuran las urnas y su traslado a los 2.315 colegios electorales , los costes de luz, telefonía, limpieza y gastos de personas en esos centros, la campaña institucional, los medios informáticos utilizados o el millón de papeletas que la ANC y Ómnium repartieron en la calle.

Fernández de Moya recuerda que en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya hay una causa abierta por malversación de fondos públicos (además de prevaricación y desobediencia) contra Puigdemont y los miembros del gobierno autonómico, por lo que pide que se reclame este procedimiento «para delimitar los daños y las personas responsables y fijase así el eventual importe de las indemnizaciones».