Hacia un desarrollo respetuoso con los límites del planeta

Muchas de estas políticas vienen dictadas desde la Unión Europea , pero también por un mundo y un mercado globalizados. El ejemplo más claro de desarrollo sostenible es la transformación que es necesario realizar si queremos entrar en la senda para descarbonizar el planeta antes de que termine el siglo. Un camino que se desprende del último informe de Evaluación del Panel de Expertos del Cambio Climático (IPCC), y que ahora los gobiernos de todo el mundo deben poner negro sobre blanco en la Cumbre del Clima que se celebrará en París dentro de pocas semanas. Por tanto, en la próxima legislatura deben ponerse los cimientos de un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta los límites del planeta.

El acuerdo de esa cita de París marcará las líneas rojas de cualquier norma que tenga que ver con la energía, pero luego cada país tiene margen de maniobra y elige qué quiere primar y qué no. El Gobierno que salga de las urnas tendrá que tomar algunas decisiones importantes: si las nucleares van a tener fecha de caducidad o no, si sigue adelante con el almacén de residuos nucleares, si apuesta por el «fracking» como tecnología puente o la descarta definitivamente, si pone fecha al cierre de la minería del carbón y si apuesta de verdad por las renovables. Si apuesta al verde tendrá que lidiar con el real decreto de autoconsumo, aprobado por el Gobierno hace escasas semanas, y que ha generado un fuerte rechazo social.

Los expertos coinciden en que descarbonizando la economía crearíamos un aire limpio y se acabarían muchos problemas medioambientales y de salud. Las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes provienen no solo de la industria, también del transporte y las calefacciones. El tráfico de automóviles es el principal responsable de la contaminación, que se agudiza de forma alarmante en las grandes ciudades. Aunque es un problema de sobra conocido parece que es el escándalo de Volkswagen ha venido a situarlo en la agenda política.

Cada año se registran cerca de 27.000 muertes prematuras en España por afecciones derivadas de la contaminación del aire, de acuerdo a las últimas estimaciones de la Comisión Europea. Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan entre el 2,8% y el 4,6% del PIB español, unos 46.000 millones de euros, según un reciente estudio de la OMS. Por eso, desde las organizaciones ambientales se reclama al nuevo Gobierno que ponga en marcha un plan ambicioso de mejora de la calidad del aire de ámbito estatal.

Para llevar a cabo estos cambios es necesario un modelo fiscal que desanime el uso de combustibles fósiles y premie el ahorro, la eficiencia y las renovables. Se trata de redistribuir la carga fiscal, desplazando esta carga desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo de recursos.

Hay que conocer los costes reales del sistema eléctrico como primer paso para poner en marcha una nueva política energética que impulse el ahorro, la eficiencia energética y la producción descentralizada de energía renovable.

Elegir las tecnologías Decidir si las nucleares van a tener fecha de caducidad o no, si sigue adelante con el almacén de residuos nucleares, si apuesta por el « fracking » como tecnología puente o la descarta definitivamente, si pone fecha al cierre de la minería del carbón y si apuesta de verdad por las renovables.

Revisar el RD de Autoconsumo. El llamado « impuesto al sol » aprobado por el Gobierno en octubre ha suscitado críticas desde todos los lados, salvo de las compañías eléctricas. Los principales partidos que concurren a las próximas elecciones generales, salvo el PP, se han comprometido a revisar o derogar el RD si llegan al Gobierno.

Para que la transversalidad sea posible podría ser de ayuda aprobar una Ley de Cambio Climático que regule de forma previsible, coherente y estable las políticas que afectan al clima. Esta norma podría incorporar objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones para 2030.

Derecho a respirar aire limpio . Poner en marcha un plan ambicioso de mejora de la calidad del aire a nivel estatal, con financiación adecuada. Los ecologistas creen que el objetivo debería de ser reducir a cero antes de 2019 el porcentaje de la población que respira aire contaminado según los valores límite fijados por la legislación europea (frente al 33% en 2014). También habría que realizar controles efectivos sobre las emisiones de los automóviles.

El escándalo de las emisiones de Volkswagen ha puesto el foco en la contaminación atmosférica a la que están sometidas las personas, sobre todo aquellas que viven en las ciudades. El cambio pasa por vehículos que se mueven con energías alternativa s, un transporte público limpio y eficiente y en las grandes ciudades habrá que fomentar la intermodalidad entre los distintos transportes, sin olvidar la bicicleta, que ha venido para quedarse.

Para incentivar la transformación del modelo habría que redistribuir la carga fiscal, apostando por las buenas prácticas que promueven el ahorro, la restauración ambiental y la creación de empleo ligado al medio ambiente, al tiempo que se desplaza la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo de recursos.

Perseguir los delitos ambientales es otra forma de prevenirlos. Reforzar la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y dotarla de más medios y un presupuesto superior para perseguir estos delitos sería de ayuda, al igual que dotar mejor al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La vuelta a un Ministerio de Medio Ambiente independiente impulsaría las políticas de carácter ambiental y ayudaría a la deseada transversalidad. Los ecologistas demandan la creación de una Vicepresidencia del Gobierno de Sostenibilidad.

Es necesaria una política de agua que respete los caudales ecológicos y fije un precio real del agua; que se persiga la pesca ilegal; y apoyar a escala europea una política de Economía Circular ambiciosa hacia «el residuo cero».