La Guardia Civil vinculará el ataque a la misión de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tratará de demostrar que la agresión no fue una pelea de bar , como alegan los acusados, y se esforzará en probar que el ataque era terrorismo, al tener una finalidad política y responder a la reivindicación lanzada por ETA en 1976, asumida desde entonces por sus sectores y plataformas afines. Ese será el debate central de la vista y lo que marcará las condenas: si la agresión se califica o no como terrorismo.

El Ministerio Público pide 50 años de cárcel para seis agresores (Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoechea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad) por cuatro delitos de lesiones terroristas; además de 62,5 años para Oihan Arnanz, al que atribuye además un delito de amenazas terroristas; y 12,5 años para Ainara Urquijo, solo por las amenazas.

En el juicio, tres agentes de información de la Guardia Civil vincularán la agresión a la misión de ETA de hostigar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad . Según han informado fuentes jurídicas, tres expertos explicarán este vínculo, en una prueba pericial de inteligencia que llegará en la segunda semana de la vista, que mañana levantará el telón con las cuestiones de forma y las declaraciones de los acusados.

Según el relato de la Fiscalía en el escrito de acusación, la «actividad permanente» de esta campaña hostil contra la Guardia Civil y la Policía (conocida como «¡Fuera de aquí!», o «Alde Hemendik», en euskera) ha continuado después del cese de las armas, anunciado por ETA el 20 de octubre de 2011. Por orden de la banda terrorista, esta estrategia fue asumida «de manera definitiva» en 1999 por la organización Gestoras Pro-Amnistía, el colectivo de ETA dedicado a asistir a los presos. El fin, además de expulsar a la Policía, es crear un clima de miedo para aislarles.

En el norte de Navarra, el hostigamiento a los agentes se multiplicó a partir de 2011 en localidades como Alsasua, Leiza, Estella o Lecumberri . En Alsasua, una localidad de 7.500 habitantes gobernada por Geroa Bai, los ataques los asumió el colectivo «Ospa Mugimendua», al que pertenecen varios de los acusados, tres de los cuales permanecen en prisión preventiva desde noviembre de 2016. El Ministerio Público describe coacciones enmascaradas incluso en fiestas populares.

Según la Fiscalía, todo ese odio brotó en la agresión a los dos guardias civiles y sus novias, que tuvo lugar el 15 de octubre de 2016 de madrugada, tras un día de fiesta. Sobre las 2.30 horas, el teniente y el sargento de la Guardia Civil acudieron al Bar Koxka a tomarse una copa con sus novias. Desde el primer momento, los radicales advirtieron su presencia y les señalaron.

Las amenazas se desataron a partir de las 4 horas, cuando entró en el bar Unamuno, uno de los cabecillas del movimiento Ospa . Unamuno se encaró con el teniente y les increpó por encontrarse en el bar. «Idos de aquí que os vamos a matar por ser guardias civiles», irrumpió Arnanz, que llegó corriendo desde el otro lado del bar.

«No tenéis derecho a estar aquí», «esto os pasa por venir aquí», «tenéis lo que os merecéis», fueron otros comentarios amenazantes vertidos en el lugar del ataque, según el relato de la Fiscalía, que explica que el grupo que rodeó a los agentes creció hasta estar formado por al menos 25 personas. Los golpes no tardaron en llegar.

Las primeras agresiones las recibió el teniente por la espalda , mientras otras personas zarandeban a su novia. En el trayecto para salir del bar, entre empujones y patadas, se formó un pasillo de una veintena de personas que «les agredían con todo tipo de golpes». Fuera, donde se concentraba más gente, los ataques continuaron. Una patada muy fuerte en el tobillo derribó al teniente, contra el que los agresores se ensañaron. Al sargento también lo tiraron al suelo, narra el Ministerio Público, que atribuye a los acusados Arnanz, Ramírez de Alda y Urrizola la violencia más brutal. «Cabrones, teniáis que estar muertos, dale más fuerte al puto perro guardia», eran los gritos que acompañaban los golpes.

Tras una llamada del teniente, llegó una patrulla de la Policía Foral, que avisó a otras unidades y a la Guardia Civil, y logró arrestar a Unamuno, a la segunda. En un primer intento, la masa de gente le sacó del furgón policial.

Los agentes, uno de los cuales necesitó ser operado por la fractura abierta de un tobillo , identificaron a los agresores en una rueda de reconocimiento y describieron su participación en el salvaje ataque. La declaración de las víctimas se prevé para la segunda jornada, tras lo que será el turno de los testigos, entre ellos 34 jóvenes amigos de los agresores, solicitados por las defensas porque presenciaron los hechos.

Según la Fiscalía, el ataque es claramente un acto terrorista . Además de por el vínculo con el pasado etarra, considera que se cumplen tres de las cuatro finalidades que exige el Código Penal para calificar un delito como terrorista, como recoge el artículo 573 tras la última reforma. Se busca obligar a un poder público a realizar un acto, se pretende alterar gravemente la paz pública, y se busca provocar un estado de terror en una parte de la población.

La juez que investigó los hechos, Carmen Lamela, y el Tribunal Supremo avalaron esta tesis. La magistrada concluyó que los agresores golpearon a los agentes y sus novias «única y exclusivamente» por ser guardias civiles. Cuando cerró la investigación, Lamela apreció que el ataque buscaba «atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas, generando una grave alteración para la paz pública». La juez que comenzó la investigación en Pamplona y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también respaldaron la posible calificación de terrorismo. Solo la Audiencia Provincial de Navarra se mostró contraria a esta conclusión.

El tribunal –formado por los jueces Concepción Espejel, Manuela Fernández Prado y Eduardo Gutiérrez– resolverá tras escuchar a todas las partes en el juicio, previsto hasta el 27 de abril.