La Guardia Civil sospecha que tres imprentas están fabricando papeletas

Dos coches patrulla permanecían ayer en la entrada de la imprenta donde los agentes pedían la identificación a los empleados que entraban y salían de las instalaciones y revisaban sus coches.

Por el momento, los agentes del Instituto Armado seguían sin poder acceder al interior de la empresa , a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, encargado de investigar los preparativos del referéndum del 1-O, resuelva la petición de la Fiscalía de Tarragona para la entrada y el registro de la imprenta.

El dispositivo, el único que ha trascendido de momento dado el sigilo con el que actúa el Ministerio del Interior , se estableció tras recibirse varias llamadas anónimas en las que se informaba de que varias imprentas estaban preparadas para elaborar las listas numeradas de votantes.

Además de la sede de Indugraf Offset, la Guardia Civil tiene noticia de al menos otras dos cumplirían la misma función: una en Gerona y otra en Barcelona, según fuentes policiales consultadas por ABC.

Los funcionarios, hasta que el juez no autorice su entrada, están autorizados a llevar a cabo el registro de los vehículos de los trabajadores con el fin de impedir el «posible traslado de pruebas de un delito», es decir, las listas del censo y las actas, entre otros documentos, que serían un instrumento para cometer el delito: el referéndum ilegal, explicaron las mismas fuentes. La sospecha es que esos documentos serán trasladados por los propios empleados en lugar de recurrir a otro método de reparto más usual.

Un responsable de la imprenta tarraconense confirmó ayer a ABC , en conversación telefónica, que la Guardia Civil estaba a las puertas de sus instalaciones y seguía registrando los coches de los trabajadores, pero rehusó identificarse y se negó a responder a la pregunta de si los agentes habían inspeccionado la empresa o habían sido llamados a declarar sus responsables.

«La Guardia Civil está autorizada para comprobar la actividad empresarial. En caso de que se estén elaborando documentos que luego se empleen en la consulta los responsables pueden ser considerados colaboradores del delito», precisaron fuentes de la investigación.

Indugraf Offset es una de las cinco imprentas que hay en el polígono industrial de Constantí. Se dedica a la impresión de diarios, semanarios y catálogos y es propiedad en un 56% de una sociedad llamada Pompeu Girona, en manos de la familia Bosch, que durante 30 años, hasta 2012, fue propietaria y editó el periódico independentista «El Punt».

Tres años antes, la editora de «El Punt», Hermes Comunicacions -ahora en manos del empresario Joaquim Vidal-, se hizo con el «Avui», y acabó fundiendo en una sola cabecera los dos rotativos. Ahora, la Guardia Civil investiga si la imprenta de Constantí -que imprime «El Punt», junto a otros diarios- es uno de los «posibles instrumentos» para el referéndum.

La impresión de los censos y de las actas de escrutinio, además de las papeletas, es solo una parte del gran aparato logístico que requeriría la celebración del referéndum, contando únicamente la parte material. E n este sentido, sigue siendo una incógnita, por ejemplo, cómo la Generalitat logrará hacerse con las alrededor de 6.000 urnas que estima que serán necesarias.

Aunque hace un par de semanas en una entrevista el presidente autonómico Carles Puigdemont aseguró que el Govern ya disponía de ellas, el secretismo se ha impuesto desde entonces. De hecho, junto a la firma de la convocatoria de la consulta, el miércoles se aprobó el decreto de «normas complementarias» del referéndum, donde se recoge que las mismas tienen que estar hechas de un «material resistente con una tapa que incluirá una ranura en el centro por donde se introducirán los votos», abriendo pues la puerta a que estas urnas no sean de metacrilato. En el mismo decreto se recogen otros apartados, como el formato de la papeleta (en la imagen), escrita en catalán, castellano y aranés.

Por contra, otra de las claves de la pretendida consulta, el origen del censo de votantes, sigue sin estar claro. Tan solo se apunta que el censo será el que se cerró a 30 de marzo de 2017, y que el mismo es competencia de la administración electoral del Govern bajo la supervisión de la Sindicatura Electoral de Cataluña, órgano cuya creación y composición se aprobó también el miércoles.

En paralelo, y en cuanto los medios humanos, el decreto establece que será «obligatorio, no voluntario» acudir a la mesa electoral si uno es seleccionado, aunque no especifica la sanción. A la vez, la Generalitat ha abierto un registro para la inscripción de voluntarios.