La Guardia Civil señala a cuatro exjefes de ETA por la orden de asesinar a Miguel Ángel Blanco

El juez Manuel García Castellón investiga si la Zuba, el comité ejecutivo de la banda terrorista, estuvo detrás de aquella orden, unas pesquisas que se han intensificado con una reciente querella de Dignidad y Justicia dirigida contra toda la directiva de ETA, incluyendo además de los que ahora señala la Guardia Civil, a Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi; Asier Oyarzabal, Vicente Goicoechea, Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren.

En este contexto, el instructor solicitó informes a las fuerzas policiales. La Ertzaintza ya aportó el suyo, identificando a José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, como el jefe de ETA que dio la orden de ejecutar al concejal, si bien dejaba la puerta abierta a la participación de más miembros de la ejecutiva siendo esta banda terrorista una organización estructurada y con roles definidos.

Ahora, la Guardia Civil, en un informe de más de 200 páginas acompañado de miles de folios de documentación en anexos, va un paso más allá. Señala como partícipes de la barbarie a toda la ejecutiva de ETA en el año 1997. Esto es, Mikel Albisu, alias Mikel Antza; Ignacio Gracia Arregui, conocido como Iñaki de Rentería, y María Soledad Iparraguirre, es decir, Anboto.

Lo hace con dos premisas sobre la mesa. La primera, que años de investigaciones han evidenciado que en ETA nada se movía sin que lo impulsase la dirección de cada momento, una forma de funcionamiento interno absolutamente jerarquizada que «se ha mantenido estable en ETA en toda su historia delictiva» . En este contexto, los cuatro señalados tienen sentencias firmes a sus espaldas que les sitúan, con un rol u otro, en lo más alto de la banda terrorista.

« Desde la captación de un individuo para su integración en la organización terrorista hasta la autorización del asesinato de una persona, toda actividad era ordenada y dirigida por esta estructura directiva, que además ponía a disposición de los ejecutantes los medios materiales necesarios para su materialización», dice el informe.

La segunda, que desde 1993 la estrategia había virado y buscaba, fundamentalmente, «la desestabilización». Los concejales y en concreto, los del PP, se convirtieron en un objetivo prioritario. Fue un «salto cualitativo en la actuación terrorista de ETA» que, según la Guardia Civil, «no se produjo por mera casualidad, sino que fue fruto de un meditado debate» que desencadenó en la intención de «atacar directamente a los representantes políticos», pues presumían que causarían así más terror «que los actos criminales contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».