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La Guardia Civil alertó al juez sobre el embrión de la Hacienda cataluña

El Gobierno de Torra quiere reactivar el «Programa de homogeneización tributaria» que anuló Rajoy

Quim Torra y Carles Puigdemont EFE

EP

Un informe de la Guardia Civil advirtió al juez de que el programa de homogeneización tributaria de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para recaudar impuestos estatales, que fue anulado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora reactivado por el Ejecutivo de Joaquím Torra , pretendía ser el embrión de la futura Hacienda catalana con la que recaudar los fondos inciales, entre 4.500 y 5.000 millones, para «financiar inicialmente» la República catalana.

El documento de 165 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la creación de estructuras de Estado para la futura pretendida República.

El pasado 27 de diciembre, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés , anunciaba que en los próximos meses se reactivaría el «Programa de homogeneización tributaria» que puso en marcha el Gobierno de Puigdemont, anulado después por el 155, para recaudar los impuestos y las cotizaciones sociales de los ayuntamientos catalanes y las empresas y el sector público de la Generalitat.

Para ello, el Gobierno catalán realizó, durante el mandato de Puigdemont, convenios con los ayuntamientos, universidades y entes del sector público de la Generalitat , que se comprometían a liquidar el IVA, el IRPF y las cotizaciones de Seguridad Social con la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y con la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo.

Estos, a su vez, asumían el compromiso de presentar las autoliquidaciones y los ingresos de las cuotas correspondientes de los tributos de titularidad estatal ante la Hacienda estatal y la Seguridad Social.

Para realizar todo este proceso, la Generalitat también encargó el desarrollo de un programa informático a IBM que costó 241.382 euros y también fue anulado por el Gobierno de Rajoy, con el gasto añadido de otros 16.162 euros que supuso su desactivación. Aunque el mayor desembolso no se llegó a realizar ya que, según el informe de la Guardia Civil, el impulso de la administración digital que este programa requería llevaba aparejada una dotación económica de 2,93 millones de euros para sufragar su coste total acumulado.

La Generalitat argumentó que este programa serviría para facilitar y dotar de mayor eficacia a la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales de ayuntamientos y empresas de la comunidad autónoma catalana.

Sin embargo, la Guardia Civil rebate este argumento y alega que sumaba más burocracia a la vez que obligaba a los obligados tributarios a liquidar con la ATC cinco días antes de que expirara el plazo para hacerlo con la Hacienda estatal.

Recaudar ingresos

Tras analizar numerosa documentación, entre ella la intervenida al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó , los investigadores concluyen que lo que pretendía la Generalitat era que la ATC asumiera «de facto» una competencia estatal «amparándose para ello en el desarrollo de una medida aparentemente legal», en un «posible fraude de ley».

«El objetivo final que buscaban los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña con esta medida no era otro que el de poder canalizar una importante fuente de ingresos tributarios a través de la ATC, obteniendo de este modo el pleno control sobre los mismos», expone el Instituto armado.

En el informe, los investigadores precisan que, tras analizar la iniciativa en su conjunto se debe «advertir» que, de haber estado plenamente operativo este Programa de homogeneización tributaria, los máximos responsables de la Generalitat «habrían tenido en su mano la capacidad de bloquear en cuentas bancarias de la Agencia Tributaria Catalana el importe de la recaudación tributaria del sector público catalán, simplemente evitando transferir a la AEAT la cuantía de lo recaudado por estos impuestos».

El programa de «homogeneización» empezó a ejecutarse poco antes del 1-O y los investigadores consideran que habría podido ser una « herramienta muy importante para conseguir financiar a la Generalitat » en el supuesto de que el día 1-O de 2017 hubiera ganado el «sí» a la República.

La cantidad habría oscilado entre los 4.500 y los 5.000 millones de euros para «llegado el momento en el que declarasen la independencia, poder financiar inicialmente la nueva administración estatal de Cataluña» al menos hasta que la Agencia Tributaria Catalana «tuviese capacidad suficiente para recaudar todos los impuestos que hasta ese momento se venían recaudando en Cataluña».

De hecho, la Guardia Civil cree que los responsables de la ATC estarían «preparando a esta agencia tributaria para sustituir a la AEAT en la recaudación de tributos realizados en Cataluña» en caso de independencia.

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