El diputado de ERC. Gabriel Rufián, en el Congereso el día que insultó a Borrell
El diputado de ERC. Gabriel Rufián, en el Congereso el día que insultó a Borrell - EFE

Los grupos políticos divergen sobre cómo actuar para cortar actuaciones como la de ERC

Los partidos no se ponen de acuerdo en la fórmula para poner fin a unos espectáculos que, aunque minoritarios, están cambiando la imagen que el Congreso

MadridActualizado:

El abandono de ERC no ya de las normas de cortesía parlamentaria sino de las reglas mínimas de educación el pasado miércoles en el Pleno del Congreso, ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades existentes para atajar conductas que encuentran precisamente en la sanción la gran recompensa. Nadie duda de que el portavoz adjunto del grupo republicano, Gabriel Rufián, quería mantener un bronco enfrentamiento con el titular de Exteriores, el catalán Josep Borrell, uno de los grandes azotes del independentismo.

Y que no estaba dispuesto a permitir que el rifirrafe pudiera saldarse con una demoledora frase del socialista en el centro de los titulares. En el momento en que el ministro acusó a Rufián de verter en el Pleno «una mezcla de serrín y estiércol, lo único que sabe hacer» y puso en pie a su bancada, el portavoz adjunto de ERC sabía que había perdido los titulares. Su expulsión del Salón de Plenos era la forma más segura de recuperarlos.

Sin catálogo de sanciones

«El Reglamento del Congreso estaba previsto para diputados y diputadas corteses, no estaba previsto ni tiene camino para cortar determinados espectáculos que hemos vivido aquí, porque cuando se hizo el Reglamento no se preveía», denunció el pasado jueves la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, desde la tribuna de oradores. Y es que el texto que rige la Cámara Baja data del 10 de febrero de 1982, una época en la que el tono general de los debates partía, en mayor o menor medida, de la intelectualidad y la altura política. Ni siquiera se utilizaba asiduamente el vocabulario coloquial para las intervenciones. Existían descalificativos –siempre los ha habido– pero de manera extraordinaria.

La desobediencia de las llamadas al orden de la Presidencia computaban en negativo para cualquier parlamentario y la expulsión del Pleno se concibía como el mayor deshonor. En este contexto se redactó el Reglamento con la intención expresa de no limitar el ejercicio de ninguno de los derechos de los diputados, entre ellos la libertad de expresión. No en vano, cualquier recorte no afecta solo al parlamentario sino a todos los ciudadanos a los que representa. El resultado fue una redacción muy inconcreta, sin catálogo de comportamientos no aceptados o sanciones, para otorgar al texto de una mayor flexibilidad. Y el modelo ha sido exitoso hasta la llegada de diputados que no basan su mensaje en el argumento intelectual, sino en una teatralización en la que los desacatos y las reprimendas son los grandes efectos especiales.

Mayores sanciones

En esta tesitura, los grupos políticos no se ponen de acuerdo en la fórmula para poner fin a unos espectáculos que, aunque minoritarios, están cambiando la imagen que el Congreso tiene ante los ciudadanos. La más lógica es proporcionar las sanciones al nivel de desacato hasta hacerlas realmente temibles por todos los diputados.

El secretario general del Grupo Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, recuerda que el artículo 106 del Reglamento –nunca utilizado hasta ahora– establece que cualquier diputado que promueva «desorden grave con su conducta de obra o de palabra será inmediatamente expulsado» pudiendo suspenderle la Presidencia de la Cámara «en el acto de su condición de diputado por plazo de hasta un mes». Esta suspensión incluiría también la retirada de sueldo y puede ser ampliable o agravada a propuesta de la Mesa del Congreso. Un órgano en el que están representados en esta legislatura PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Búsqueda de victimismo

Entre los populares existe cierto ánimo de que se apliquen sanciones más duras pero se reconocen las dificultades para calibrar los castigos en una legislatura en la que el grupo que busca el castigo pretende aprovecharlo después no solo para acaparar la atención mediática sino para ofrecer una imagen victimista y de persecución. «No te puedes quedar corto porque te comen y no puedes correr el riesgo de pasarte porque también te comen», comentan en el PP.

Incluso hay quien apunta a que en una legislatura con una aritmética parlamentaria tan difícil como la actual, expulsar más de un día a un diputado podría ser visto como un intento de modificar las mayorías para aprobar o rechazar proyectos que tendrían otro resultado con el quórum completo. «Es difícil cualificar lo que significa mantener el orden en el Cámara» acepta Gutiérrez, pero la Presidencia está obligada a preservar el buen nombre y la buena imagen del Congreso», subraya. «El Reglamento es completo -difiere de Oramas- y lo que hay que hacer es aplicarlo», subraya.

Intentos frustados

El problema aumenta cuando la Presidencia no ha visto los hechos y no sanciona «en el acto», como sucedió el miércoles con el gesto de salivazo dirigido por el diputado de ERC, Jordi Salvador, contra Borrell, o cuando al inicio de la legislatura el diputado de Podemos Diego Cañamero intentó intimidar al exministro de Justicia, Rafael Catalá. En esos casos, la sanción no se produce en el acto como establece el Reglamento. Y no hay que olvidar que el espectáculo continúa fuera del Pleno, durante las sesiones de las comisiones como es el caso de la que investiga la presunta financiación irregular del PP.

Estos órganos están presididos por diputados elegidos por los grupos y que no están habituados a moderar sesiones y que no quieren enfrentarse a sus aliados, por lo que son carne de cañón para convertirse en el marco de espectáculos.

Faltan sanciones

Además del problema de la falta de decoro parlamentario, hay incumplimientos de los diputados que malogran la imagen del Congreso y para los que no existe sanción. Por ejemplo, cuando los diputados no son sinceros en las declaraciones de bienes o actividades. «Se requiere una regulación más estricta de las consecuencias que conllevan los incumplimientos», sostiene Leopoldo Barreda, portavoz del PP en la Comisión del Reglamento. Pero los últimos intentos que se han puesto en marcha para enmendar el Reglamento han acabado frustrados.

El más reciente, precisamente, porque los grupos nacionalistas condicionaron cualquier reforma a que se pudieran utilizar las lenguas autonómicas en la Cámara. Y con las mayorías parlamentarias de esta legislatura cualquier intento tendría aún menos recorrido precisamente porque el grupo cuyo comportamiento se quiere atemperar, ERC, es socio del Gobierno. Sería difícil que el PSOE quisiera abrir un foco de enfrentamiento con el partido de cuyos votos depende. De momento, Pastor tiene previsto abordar los incidentes del pasado miércoles en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, aún sin fecha. De ahí, debería surgir, al menos, un nuevo marco de actuación.