El Govern balear pagó 15.000 euros por el callejero de Palma

La consellera Tur, nombrada a petición de los nacionalistas de Més per Mallorca, encargó el trabajo en 2018 al historiador Bartomeu Garí, un doctor novel que actualmente es concejal del mismo partido independentista en el municipio mallorquín de Porreres. Garí delegó el trabajo de las calles de simbología franquista en Marçal Isern, un estudioso en la materia que carece de titulación en Historia y trayectoria académica, y otorgó otro censo sobre prisiones al historiador Manel Suárez.

El resultado de este trabajo fue el que ahora ha desatado la polémica por incluir las calles Churruca, Gravina y Cervera porque tenían «simbología franquista» , a pesar de que dos de ellos murieron más de un siglo antes de la sublevación de 1936 y el tercero, cuando Franco apenas era un niño; o por argumentar que las calles Almirante Churruca, Almirante Gravina y Almirante Cervera de Palma recuerdan «al barco de la armada franquista» , pese a que las actas del Ayuntamiento de Palma lo refutan, como ya publicó este diario.

Preguntado por ABC, Isern ha declinado hacer declaraciones. También ha borrado su perfil de Twitter, donde desmentía al alcalde socialista José Hila y defendía, en contra de lo que pone en su propio censo, que estos nombres no se quitan por hacer referencia a los buques sino porque se rotularon durante el franquismo.

El estudio de Marçal Isern ha causado estupor entre historiadores, expertos y entidades civiles, que reclaman una rectificación y a puntan a que el autor ha ido más allá de la memoria histórica , «ya que no se dedica a retirar símbolos franquistas sino otros que son de la Historia de España», sostiene el periodista y doctor en Historia, Manuel Aguilera. El profesor mallorquín considera que con este tipo de actuaciones se está desprestigiando una Ley de Memoria Histórica aprobada por unanimidad en el Parlamento balear: «No pasa nada por reconocer el error y rectificar», ha dicho Aguilera.

Para Miquel Deyà, el problema viene porque Podemos y los nacionalistas de Més, socios de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Palma y en el Govern balear de Francina Armengol, «creen que la historia de los estados es tóxica y tienen que crear un relato, aunque sea falso y sin base científica». Según el doctor en Historia, «ni el callejero ni los monumentos de Palma pueden estar al arbitrio de mayorías políticas» y es evidente que “una placa que dice Almirante Cervera dice almirante Cervera, no destructor Cervera". Lo que pasa es que «todo lo que huele a Historia de España, sobra».

La Asociación por la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) considera un error el cambio de nombre de las calles Gabriel Rabassa, Almirante Churruca y Almirante Gravina y ha advertido de que el motivo por el que se nombraron«no tenía nada que ver» con buques de la Guerra Civil y «de ninguna manera hay que apreciar ninguna connotación franquista a su designación ».

«Estas dos calles se nombraron en 1942 en recuerdo de estos marineros que murieron en la batalla de Trafalgar», ha incidido ARCA, que ha aportado documentos históricos donde se recogen los nombramientos vinculados a los marinos de Trafalgar.

La Asociación de Memoria de Mallorca, por su parte, cree que el consistorio palmesano debería paralizar la retirada de las placas de los almirantes y hacer un «estudio más cuidadoso ». Aplaude la eliminación del nombre Joan March y reivindica que se quiten otras como vía Alemania, vía Roma y vía Portugal, aunque se queja de que la asociación no pudo dar su opinión y que se quedó fuera de la comisión de expertos donde hay mucha representación política y «poco peso de las entidades civiles».

Pese a las críticas, el Ayuntamiento de Palma ha dicho que no dará marcha atrás. El edil podemita Alberto Jarabo ha insistido en que lo hace en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y ha defendido que estos personajes tienen que estar en los libros de Historia pero no en el callejero palmesano.

El PP de Palma presentará este jueves una moción para exigir la revocación de los cambios de nombre de las calles, ya que se está ejecutando sin la aprobación de la Junta de Gobierno ni del Pleno municipal. Además, pedirá que en el futuro cualquier modificación en el nomenclátor sea consensuada en el pleno por todas las fuerzas políticas. Por su parte Ciudadanos de Toledo también hará una declaración institucional contra este cambio por parte del consistorio en contra del censo que califica la calle Toledo de Palma como «un nombre franquista puesto para ensalzar la gesta del Alcázar de Toledo durante la guerra de 1936».

Desde la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, ahora en manos de Podemos, explican a este diario que la aprobación del Censo y las posibles modificaciones dependen de la Comisión Técnica de Memoria y Reconocimientos Democráticos aunque no quiso detallar los nombres al tratarse de «representantes institucionales». Recalca que es un «censo vivo y abierto a cualquier modificación» y que los ayuntamientos pueden presentar alegaciones sobre los símbolos que figuran y proponer su eliminación o la incorporación de nuevos.