El Govern aplaude a Sánchez por su plan de suavizar el delito de sedición

Por un lado está la propuesta que Sánchez hizo en campaña de volver a tipificar el delito de convocatoria de referéndum ilegal. Y ahora se abre la puerta de rebajar las penas del delito de sedición . Dos posiciones aparentemente antagónicas que Sánchez no descarta hacer compatibles. En su entrevista en TVE del pasado lunes el presidente del Gobierno dejó la puerta abierta a esta reforma . Una cuestión que no forma parte ni de su programa electoral, ni del acuerdo de Gobierno pactado con Podemos. Y que tampoco aparece en el acuerdo entre PSOE y ERC que se centra únicamente en la creación de la mesa de diálogo.

La rebaja en las penas de los delitos de sedición tiene una alta trascendencia. Aplicando la favorabilidad penal podría suponer el fin de las condenas de los líderes independentistas catalanes antes de lo previsto, ya que habría que aplicar a los condenados la norma más favorable. Aunque antes de que esa eventual reforma entre en vigor los presos del procés podrían recibir el tercer grado , que depende de las instituciones penitenciarias de la Generalitat.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no quiso cerrar ayer ninguna puerta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero no dio en ningún caso marcha atrás en el marco abierto por el presidente horas antes. Montero enmarcó esos cambios en una reforma «global» del Código Penal que el Ejecutivo desea que se abra en el Congreso, para modificar cuestiones penales que se adecuen a lo sucedido en Cataluña, pero intentando llevar en todo momento el debate a cambios también relativos a la igualdad entre hombres y mujeres y en lo que respecta al consentimiento explícito en los delitos sexuales.

El Gobierno justifica que sean los partidos los que tomen la iniciativa en esta cuestión porque no existe un acuerdo entre los socios de la coalición y por eso, como Ejecutivo, se evita tomar posición. Montero planteó que las propuestas del PSOE irán en la línea de lo planteado por los socialistas en su programa , aunque el planteamiento de volver a incluir el delito de referéndum ilegal se realizó durante el debate electoral y no aparece en el programa.

Fuentes gubernamentales inciden en lo positivo que sería contar con el PP para una reforma de estas características y en el hecho de que muy probablemente no habría unidad de acción en esta cuestión dentro del Ejecutivo. Sí que insisten en la idea de que, en lo que respecta a Cataluña, el Código Penal está «desacompañado de realidades que han ocurrido». Y aunque se subraya que los socialistas no tienen una posición todavía definida, sí se apunta a que la «orientación» podría consistir «perfectamente» en una nueva redacción que aclarase y actualizase el delito de rebelión , propuesto por el PSOE en mayo de 2018, y que si en ese tipo se incluyen «determinadas cuestiones», inmediatamente «la sedición estaría en otro escalón».

El Gobierno considera que ambos delitos son «vasos vinculantes», de modo que, si se apuesta por modificar uno se cambiaría el otro. El planteamiento consistiría, en resumen, en endurecer el delito de rebelión y relajar el de sedición. La Moncloa justifica que el objetivo es «reformar el sistema penal de nuestro país que está desacompasado» y «no acorde a los tiempos».

Por parte de la Generalitat, Meritxell Budó , su portavoz, admitió que este ajuste en el Código Penal, en relación a la sedición y la rebelión «forma parte de la petición del fin de la represión» del Estado contra «el movimiento independentista y la Generalitat». Las declaraciones de Budó, en comparecencia ante los periodistas tras la reunión semanal del gobierno catalán, sonaron inmediatamente a concesión de Sánchez a los secesionistas.

Desde la Generalitat se insistió mucho en que será en la reunión de presidentes, nacional y autonómico catalán, prevista para febrero donde se acotarán los temas a tratar en la mesa de diálogo entre gobiernos, en la que se incluirá, también, la celebración de un referéndum de independencia -que también recordó ayer Pere Aragonès (ERC)- y el fin de lo que los independentistas considerán «represión», que no es más que la actuación judicial contra hechos ilegales.

Pese a todo, desde La Moncloa trataron de diluir las expectativas de los independentistas de cara a la reunión Sánchez-Torra y la limitaron a una mejora del «autogobierno», sin concretar qué significa eso.