Gobierno y PSOE creen que Iglesias da alas al secesionismo

«No vamos a entrar en ningún tipo de bloque», señaló ayer durante su intervención en la reunión interparlamentaria del grupo socialista en el Senado. Convencido de que en este conflicto «no puede haber ni ganadores ni perdedores», el líder del PSOE definió su posición y la necesidad de abrir un diálogo a partir del 1 de octubre en la comisión territorial que su partido ha impulsado en el Congreso de los Diputados. Y en ese deseo de distanciarse de Rajoy se preguntó «¿de qué sirve un Gobierno que delega sus funciones en los tribunales?».

Pero a la vez Sánchez busca un perfil estadista que le lleva a distanciarse de Podemos. Y en ese sentido mandó un mensaje a Pablo Iglesias y Ada Colau y les pidió «una reflexión» y que «tengan cuidado» al apoyar las movilizaciones del 1 de octubre «no vaya a ser que su posición sea coartada para imponer la declaración unilateral de independencia». Es relevante el hecho de que el líder del PSOE plantee por primera vez el temor de que se produzc esta declaración unilateral.

Un mensaje muy parecido al que por la tarde quiso mandar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría , durante la sesión de control al Gobierno en el Senado: «Podemos le pone la voz al independentismo y Colau la sede del Ayuntamiento de Barcelona».

Posteriormente, en declaraciones a los medios, la vicepresidenta prefirió no entrar a valorar la parte crítica con el Gobierno de las declarciones de Sánchez porque es «un momento para unirnos en defensa de la democracia». Y señaló que desde el Ejecutivo prefieren quedarse con «otras palabras» del líder del PSOE y entienden que su posición «es un apoyo al derecho a la ley y a la lealtad constitucional. Y creo que es un momento de dar certidumbre a muchos catalanes y españoles y en que la ley se cumple». La vicepresidenta reiteró que «el referéndum no se va a celebrar» y que a cinco días del 1 de octubre esa consulta «no tiene ninguna garantía: no tiene ni ley de cobertura ni mesas notificadas oficialmente ni sindicatura electoral ni papeletas ni censo ni protección de datos. Nosotros estamos para garantizar los derechos de todos los catalanes y conjunto de los españoles que decidieron juntos cómo querían que fuera España».

La vicepresidenta reiteró que el Gobierno está dispuesto a hablar, pero que el requisito es que la Generalitat abandone su vía ilegal: «Voluntad de diálogo toda, pero no pueden pedir a un Gobierno que se salte la ley y decida que unas leyes se cumplan y otras no».