Gobierno y CGPJ intentarán desactivar la huelga de los jueces

«Declaración institucional»

Fuentes judiciales advierten que sólo un «compromiso en firme» del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con «declaración institucional» incluida, servirá para convencer a este colectivo de que existe una intención real de poner solución a los problemas de la Administración de Justicia.

Representantes del Ministerio y del CGPJ pondrán sobre la mesa el documento aprobado el pasado 12 de enero por la Comisión Interasociativa Permanente (órgano integrado por miembros de las cuatro asociaciones judiciales); un documento que, en su esencia, recoge las mismas reivindicaciones que ya pusieron de manifiesto el pasado mes de octubre los jueces decanos de toda España tras una reunión que tuvo lugar en Cádiz. También estudiarán el nuevo sistema que el Consejo propone para cuantificar el trabajo de los jueces (los llamados módulos).

Las principales exigencias de los jueces se refieren a la planta judicial (la proporción entre el número de jueces y de ciudadanos que hay en España es una de las más bajas de Europa), a la carga de trabajo y al presupuesto necesario, y que nunca llega, para mejorar el servicio público de la Justicia a través de la implantación de la nueva oficina judicial y de la incorporación de las nuevas tecnologías. Junto a estas líneas generales, las no menos importantes reclamaciones referidas a la conciliación de la vida familiar y profesional, donde destaca el polémico traslado forzoso por ascenso, que afecta sobre todo los jóvenes.

El documento pactado por las asociaciones propone posponer la convocatoria de huelga del 18-F hasta el 26 de junio y condicionarla a que el Gobierno dé «respuestas satisfactorias» a las reivindicaciones. En cuando al 18 de febrero, sugieren llevar a cabo actos de protesta, pero no huelga. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha colgado en su web una propuesta para que esas protestas consistan en concentraciones en los juzgados y en una rueda de prensa posterior. También en la contratación de anuncios en prensa para explicar «la postura» de los jueces.

El documento de las asociaciones también será objeto de debate y votación en las juntas de jueces del miércoles. Los decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca ya se han sumado a ese decálogo.