El Gobierno ya ha trasladado a 253 «sin papeles» desde Canarias hasta la Península

Desde el 1 de enero hasta el 1 de octubre llegaron 6.081 personas en patera a Canarias, según los balances del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los que ha tenido acceso ABC. La cifra ya por entonces dibujó un incremento del 523 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado y de ella se desprende que un 4,1 por ciento de quienes arribaron de manera irregular por vía marítima fueron derivados a territorio peninsular. Pese a estos datos, el ministro Escrivá, en su última visita a Canarias, descartó realizar movimientos masivos de inmigrantes irregulares entre distintos puntos del territorio, asumiendo una moneda que tiene dos caras. Por un lado, parece que el Gobierno no quiere repetir los errores del pasado que alentaron el efecto llamada, como ocurrió con el episodio del Aquarius. Por otro, este movimiento condena al archipiélago, como denuncian sus autoridades, a asumir en territorio insular una presión migratoria cada vez mayor.

«A la Península también están llegando muchos inmigrantes por la ruta del mar de Alborán, sobre todo argelinos, y, por tanto, se genera cierta tensión sobre el sistema de acogida que tenemos, con lo cual no tenemos la holgura que teníamos antes», se justificó el titular de Migraciones hace diez días. También indicó que los traslados que se están llevando a cabo se corresponden con personas que estén «en situación vulnerable».

Los traslados de inmigrantes entre dos partes del territorio, pese a las palabras del ministro, no son un movimiento inusual. En los diez primeros meses del año fueron derivados entre distintos puntos de España 17.427 inmigrantes, frente a los 19.045 que llegaron. Todos estos traslados se realizaron mediante 1.102 expediciones.

ABC se ha puesto en contacto con el ministerio para recabar los motivos que propiciaron el visto bueno para estos traslados y si se corresponde con esos casos excepcionales que el ministro subrayó que sí serían susceptibles de ser derivados desde las islas Canarias hasta otras autonomías. Fuentes oficiales de Migraciones aseguran que esta cuestión «la coordina Interior», aunque detallan, basándose en los criterios del Fondo de Asilo Migración e Integración (FAMI), que los enfermos, discapacitados, personas procedentes de países en conflicto, víctimas de la trata o perseguidos son algunos de los perfiles susceptibles de ser trasladados.

Desde principios de año, las llegadas irregulares a Canarias no han cesado. En los primeros meses, antes de la pandemia de coronavirus y que se decretara el estado de alarma, ya se observó un aumento con respecto a ejercicios precedentes. No obstante, fue desde verano cuando la cifra creció exponencialmente hasta que el «tapón» migratorio saltó por los aires el martes 17 de noviembre.

En aquella jornada, la Policía procedió al desalojo de un contingente de 200 personas del sobrecargado muelle de Mogán (Gran Canaria), donde hasta 2.000 personas llegaron a permanecen hacinadas con riesgo real de que nuevas llegadas provocaran la caída de los inmigrantes hacinados en tierra.

La fuerza de esa imagen logró que el Gobierno volviera los ojos hacia las islas, después de meses en los que no abordó el problema de manera decidida: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Marruecos para intentar calmar las aguas y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, incluso pidió el respaldo de la ONU para solventar un problema que se viene gestando desde hace muchos meses sin encontrar una respuesta decidida.