El Gobierno ve tiempo para activar el 155 en secciones de Educación e Interior

Apenas se tardaría una semana en tener lista la intervención del Estado en la Comunidad Autonóma catalana, posiblemente en áreas muy concretas de las principales consejerías involucradas en la convocatoria del referéndum, como son las de Educación e Interior. Es decir, no sería necesario suplir una Consejería al completo, sino intervenir una dirección general o un área estratégica para impedir que se produzca el atentado contra el Estado de Derecho, según las fuentes consultadas.

Desde el Gobierno se insiste en que la aplicación del artículo 155 , la que despierta ahora mismo más polémica, puede efectuarse antes del referéndum que los separatistas quieren convocar el 1 de octubre, pero también después, si estos se instalan en la desobediencia y en el desafío a las leyes y a las sentencias del Tribunal Constitucional . «No vamos a renunciar a una herramienta legal como esta, aunque no es la única. A cada paso que den llegará la reacción adecuada», advierten en La Moncloa.

Antes del verano, en el Gobierno aún pensaban que no sería necesario recurrir al 155 porque se impondría un escenario de elecciones autonómicas. Pero la realidad de los hechos es otra, y en este momento nadie descarta en La Moncloa las medidas coercitivas que sean precisas para impedir el asalto a la legalidad. Antes de llegar a la suspensión temporal y parcial de competencias autonómicas, el Gobierno está preparado para reaccionar con total inmediatez ante las leyes de Referéndum y de Transitoriedad , que de momento solo son papeles sin efectos jurídicos, ya que ni siquiera están calificadas por la Mesa del Parlament.

«Las impugnaciones se producirán cuando quieran los independentistas», avisan en La Moncloa. Dan a entender así que son los separatistas los que están manejando los tiempos, porque saben que en cuanto se tramiten ambas normas, el Gobierno actuará . De hecho, como informó ABC, su respuesta será casi instantánea.

«Todo está listo en La Moncloa para convocar un Consejo de Ministros en solo diez minutos», avisan en Presidencia. Así, en cuanto una de esas dos leyes se tramite o se apruebe, el presidente del Gobierno convocará un Consejo extraordinario para impugnarla y pedir su suspensión automática. Si las leyes se tramitan en el Parlamento, no haría falta un informe previo del Consejo de Estado, ya que existen sentencias previas del Tribunal Constitucional , por lo que estaríamos en un incidente de ejecución, o lo que es lo mismo, una desobediencia de una resolución ya dictada. Si la Generalitat opta por el decretazo, la convocatoria del Consejo no sería tan inmediata, ya que sí sería preciso un informe del órgano consultivo del Estado antes de presentar un nuevo recurso ante el TC.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , se reunió este martes pasado con los secretarios de Estado y subsecretarios, y les pidió mantener activada la Comisión de coordinación previa al Consejo de Ministros , ante los previsibles pasos jurídicos que se van a dar.

Mientras el Gobierno ultima su respuesta, en Cataluña el frente soberanista se prepara para el tan anunciado choque de trenes. Ayer, desde Dinamarca, donde inauguró la novena delegación de la Generalitat en el exterior, el presidente Puigdemont proclamaba que «no hay alternativa». «En el 1-O solo hay dos opciones: aceptar el ‘statu quo’ de una autonomía vacía de contenido o declarar la independencia», añadió.

En medio del secretismo, el gobierno catalán y los partidos soberanistas preparan su estrategia para sacar adelante las leyes con las que intentar dar una apariencia de legalidad a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. A un mes de la pretendida celebración de la consulta, los plazos se agotan. Sin descartar la opción última de sacar adelante la ley del Referéndum mediante decreto de la Generalitat -como el día anterior había apuntado el portavoz Turull y es la opción preferida por el PDECat-, el pleno convocado para los días 6 y 7 de la próxima semana puede resultar clave.

La opción del decreto ley (que otorgaría un poco más de margen a la Generalitat) y la de la aprobación parlamentaria, e inmediata firma del decreto de convocatoria, implicarían según denuncian los partidos de la oposición un flagrante atropello democrático, pero permitirían también al gobierno de Puigdemont proclamar que la consulta se ha aprobado amparada en una ley vigente, aunque su vigencia sea momentánea hasta que el Tribunal Constitucional la anule.