El Gobierno sostiene que los salarios públicos están en el núcleo de la política del Estado

El Gobierno sostiene que el acto administrativo con el que se dio a conocer la congelación salarial de los funcionarios y sobre el que se ha pronunciado la Audiencia Nacional trasciende a una «mera cuestión de personal» y se inscribe «en el núcleo de la política económica del Estado». Así se señala en el anuncio del recurso de casación que ayer fue presentado por la Abogacía del Estado ante el mismo tribunal sentenciador.

MADRID. M. Marín / J. L. Lorente
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A las dos y diez de la tarde, la Abogacía del Estado presentó en el registro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un escrito en el que manifiesta su intención de interponer recurso de casación contra la sentencia que anula la última congelación salarial de los empleados públicos, que tuvo lugar en el año 1997. En el escrito, de 22 folios y al que ha tenido acceso ABC, se justifican las razones por las que procede aceptar el recurso. Una vez que el tribunal sentenciador admita el recurso, la Abogacía del Estado presentará -esta vez ante la Sala Tercera del Tribuna Supremo- un escrito más amplio sobre las razones de fondo que llevan a considerar que la sentencia recurrida no se ajusta a derecho.

«NO FUE UN CAPRICHO»

En el anuncio del recurso se destaca que la congelación salarial de 1997 no fue un «capricho» de la Administración, sino que se inscribió dentro de la política de ajuste del déficit público que era necesario realizar para cumplir las exigencias de la convergencia europea. Asimismo, se recuerda que para conseguir ese objetivo «se elaboraron unos Presupuestos Generales del Estado sumamente restrictivos, en los que la congelación de los salarios de los funcionarios jugó un papel fundamental».

El anuncio del recurso considera que «el régimen de retribuciones de los funcionarios alcanza al núcleo mismo de la política económica general del Estado (...) y se integra en la materia presupuestaria, elemento definidor de la política económica». Según el escrito, es precisamente esa política económica, impulsada por el Gobierno, la que «se concreta definitivamente, mediante norma con rango de ley, por el depositario de la soberanía popular que son las Cortes Generales, norma a la que, sin embargo, la sentencia niega su condición de acto legislativo».

En el escrito se sostiene que, pese a haberse tramitado como cuestión de personal, la sentencia es susceptible de ser recurrida porque, primero, se refiere a un acto administrativo de carácter general; segundo, se trata de un auténtico recurso indirecto contra la ley de Presupuestos de 1997; tercero, afecta a la libertad sindical alegada por la central recurrente (Comisiones Obreras); y cuarto, supone una «flagrante violación» del derecho a la tutela judicial efectiva de la Administración del Estado.

«La Sala sentenciadora ha declarado inaplicable por “ilegal” nada menos que una ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que por sí sólo y sin necesidad de mayores argumentaciones evidencia la clarísima admisibilidad de la casación a la luz de la doctrina jurisprudencial expuesta», se señala en el anuncio del recurso. Además, el escrito destaca que el fallo de la Audiencia supone la vulneración del artículo 33.2 de la ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y «una clara violación del principio de tutela judicial efectiva de la Administración del Estado, al impedirle utilizar aquellos argumentos y medios de defensa más adecuados a la cuestión planteada por el propio Tribunal». Por último, en el escrito se considera que el fallo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por infracción del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

HABRÁ REBAJA FISCAL EN EL 2003

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer en Barcelona que la nueva reforma del IRPF se realizará el año próximo y entrará en vigor en el 2003, pese al hipotético caso de que el Estado se vea en la obligación de tener que pagar los atrasos de los funcionarios. Montoro afirmó que el Gobierno no va a renunciar al equilibrio presupuestario y añadió que «estaríamos evitando el crecimiento económico si dejásemos, por cualquier motivo, incluida una sentencia judicial, la consecución de tal equilibrio», informa Ángel Marín.