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El Gobierno sólo impugnará la lista de Sastre si logra probar que es Batasuna Faculta a la Abogacía del Estado a actuar, por si Interior y Justicia consiguen probarlo en la semana de plazo que resta para hacerlo

El Gobierno sólo impugnará la lista de Sastre si logra probar que es Batasuna Faculta a la Abogacía del Estado a actuar, por si Interior y Justicia consiguen probarlo en la semana de plazo que resta para hacerlo

CHEMA BARROSO

De la Vega, ayer, tras el Consejo de Ministros

G.S./N.C./J.M.A.

MADRID. El Consejo de Ministros se curó ayer en salud y autorizó a la Abogacía del Estado a actuar contra aquellas candidaturas al Parlamento Europeo que se pueda probar que son «ilegales», según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. El matiz tiene importancia porque los ministerios de Interior y Justicia creen que las reuniones y contactos no son pruebas concluyentes contra Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos, encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre. El plazo para recurrir acaba la semana próxima.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado sospechan que la lista encubre a Batasuna, entre otras razones porque Sastre ya fue «número tres» por Guipúzcoa al Parlamento vasco en la lista de ANV a las elecciones generales de 2008, que terminó siendo anulada. Pero el problema es que ese es el único nexo formal. Doris Benegas, hermana de Txiqui Benegas e integrante de Izquierda Castellana, participa desde hace 30 años en actos de Batasuna, pero orgánicamente no ha formado parte de esa coalición como Sastre. Lo mismo ocurre con Josep Corella Escario, del Comité Nacional de la Chunta Aragonesista, o con Ángeles Maestro, ex diputada de IU y «número cinco» de la candidatura europea.

El nexo con Batasuna

Por eso, las Fuerzas de Seguridad del Estado, que trabajan contrarreloj, están concentrando sus esfuerzos en probar reuniones y encontrar documentos de Batasuna que certifiquen el nexo. De momento, Iniciativa Internacionalista presenta mañana en San Sebastián sus candidaturas y ayer De la Vega insistió en que «en nuestra democracia no hay lugar para quienes pretenden llevar sus proyectos al margen de la legalidad o servirse de ellos de manera ilegítima». «Dentro de la ley, todo -recalcó-; fuera de la ley, nada».

De forma paralela a la investigación de las vinculaciones con los proetarras por las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Junta Electoral Central analiza si las candidaturas publicadas presentan irregularidades formales que puedan invalidar su proclamación oficial y su participación en las elecciones.

Tras un primer análisis, este organismo dio el jueves a los partidos un plazo de cuarenta y ocho horas para que subsanen los errores detectados. En la reunión prevista para el lunes a la una de la tarde, la Junta decidirá de forma definitiva qué candidaturas podrán ser proclamadas oficialmente y cuáles no.

Retirada de avales

Fuentes consultadas por ABC han confirmado que al menos diez de los 64 avales presentados por Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos han comunicado a la Junta su decisión de revocar el apoyo dado a ese partido. Hasta el lunes, podrían retirarse otros, aunque según la ley son cincuenta los apoyos necesarios para que una formación pueda presentar su candidatura.

Esos diez primeros «arrepentidos», todos de Castilla y León, son concejales del PP (6), del PSOE (3) y de IU (uno). Admiten haber firmado el aval, pero alegan que en ningún caso se les informó de que la candidatura podría ser una máscara tras la que se oculta la banda terrorista ETA. Por ello, han querido anular su acción.

Las fuentes citadas han explicado que la Junta analizaría esta situación sólo en el caso de que Iniciativa Internacionalista se quedara con menos de cincuenta apoyos. La revocación de los avales plantea un problema «nuevo» y no está claro que, en el supuesto de que se retiren al menos otros cinco, pueda invalidar de forma automática la candidatura. Primero, porque no se ha producido una irregularidad «formal» (la falsificación de una firma, por ejemplo) y, segundo, porque el aval ha sido retirado «cuando ya ha surtido efecto». Es, explican de forma gráfica, como si después de unas elecciones, un grupo de votantes deciden retirar sus votos porque se sienten engañados.

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