El Gobierno replica al foro de Santiago que la financiación debe acordarse «con territorios que tienen otras circunstancias»

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez , señaló ayer que entienden que es «una reforma pendiente». Pero la estrategia es presentarlo como una responsabilidad compartida con el PP porque se trata de «reformas que sí o sí deben hacerse con consenso». Y a la vez, en tanto que el pacto no parece cercano, se defiende que el Gobierno actual es el que «más recursos ha dado a las Comunidades Autónomas».

Que existan dos bloques tan diferenciados en este debate sirve al Ejecutivo para situarse en una posición de equilibrio y presentar la cuestión como tremendamente compleja. El Gobierno respeta este foro en el que estas comunidades reivindican sus singularidades, pero advierte de que «debemos ponernos de acuerdo con otros territorios que tienen diferentes circunstancias» .

El Gobierno reclama un consenso que parece imposible y pone de relieve que el enfoque es muy distinto en Andalucía o Comunidad Valenciana, desde donde quieren que prime un cálculo que prime el factor poblacional. El ministerio de Hacienda se había comprometido a presentar en el mes de noviembre una propuesta de población ajustada que, ya anticipan, «no podrá satisfacer 100% a nadie».

La cuestión no va a ser sencilla de resolver. El PSOE ya constató su incapacidad para poder armar una postura común entre sus comunidades. Los planteamientos del valenciano Ximo Puig o de los insulares Ángel Víctor Torres y Francina Armengol están muy lejos de lo que han planteado los reunidos hoy en Santiago.

Además de cuestiones específicas como la insularidad que siempre reivindican Baleares o Canarias, las posiciones son muy distintas. El grupo de Santiago reclama que lo que se tenga en cuenta sea el coste real del servicio a la hora de calcular la financiación autonómica. Porque argumentan que el envejecimiento de la población, la dispersión de la misma por la extensión de sus territorios o la compleja orografía de algunos de ellos dificulta y encarece los servicios en comparación con la prestación que se hace en regiones que cuentan con muchos núcleos urbanos concentrando su población. Andalucía y Comunidad Valenciana reclaman, en cambio, un cálculo que priorice la cantidad de población.